Pero, además, ha defendido “un debate sereno” para hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, diseñado como un tributo temporal por el actual Gobierno. “Esto no va de subir o bajar impuestos, sino de quién paga impuestos”, ha dicho Díaz, quien ha asegurado que la economía española necesita una “reforma fiscal estructural” porque cuenta con figuras tributarias “que no reflejan la realidad social ni económica” y ha añadido que deberán implementarse los cambios necesarios para “cerrar la brecha de ingresos del PIB” que mantiene con la media de la Unión Europea. “Hay injusticia fiscal, es real y hay un mandato constitucional para hacerlo”.
En este contexto, ha explicado que la reforma fiscal que impulsará su formación se basa en el precepto de “quien más tiene más debe contribuir al país”. En este sentido, también ha defendido la necesidad de “aumentar la progresividad del IRPF, porque el 85% de su recaudación viene de las rentas salariales y esto no es justo en términos democráticos”. Si bien ha hecho hincapié en que todos estos cambios “hay que hacerlo con diálogo, pero deber ser abordada, sin lugar a dudas”. Además, ha apuntado que la futura estructura tributaria de España, una reforma prevista por el actual Gobierno que no ha sido llevada a cabo en términos generales, sino solo con la aprobación de modificaciones parciales, debe contar “formas alternativas de fiscalidad” para las transiciones verde y digital; pero también ha hablado de incluir una “fiscalidad feminista”, que también tiene que ser abordada en esta reforma fiscal estructural.
Si bien, la tributaria es solo una de las cuatro grandes reformas que, en opinión de Díaz, necesita España para la próxima legislatura. Las otras tres consisten en medidas para controlar los márgenes empresariales; acortar la brecha de productividad de la economía española con sus países competidores; y una reforma empresarial que “democratice su funcionamiento”. En concreto, ha propuesto la creación de un observatorio de márgenes empresariales “que vaya vinculado a la revalorización de los salarios”. Este organismo fue recientemente anunciado por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y reclamado por los sindicatos para la elaboración de un indicador que les sirva de guía para la negociación colectiva, pero no ha dado tiempo a ponerlo en marcha por el adelante electoral. “Es necesario un acuerdo de país en el que control de los márgenes empresariales sirva para mejorar el funcionamiento de las empresas”, ha dicho Díaz.
Asimismo, ha abogado por crear de un “Consejo de Productividad”, que, según ha recordado, ya existe en 19 Estados miembros de la UE, después del mandato comunitario para su creación en 2016, que no ha sido acatado por España. Dicho consejo estaría formado, ha explicado, por empresas, sindicatos, administraciones públicas y el mundo del conocimiento y la universidad.
