Concretamente, García Ortiz ha remitido una carta de dimisión al ministro de Justicia, Bolaños, en la que el que hasta ahora era el máximo representante del Ministerio Público detalla que su decisión de adelantarse a que el alto tribunal ejecute la inhabilitación de debe a un «profundo respeto» a las resoluciones judiciales. En la misiva adelantada por El País, García Ortiz sostiene que su intención es «proteger a la Fiscalía española».
Según fuentes fiscales, la carta ha sido enviada este lunes a primera hora de la mañana al ministro de Justicia. En este escrito, el ya exfiscal general insiste en que su renuncia «es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española». «Tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional».
«Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad», sentencia la carta
La renuncia de García Ortiz llega un año después de que el alto tribunal le imputase por un delito de revelación de secretos. Desde entonces, una parte importante de la carrera pide su dimisión como acto de respecto hacia la institución. Su negativa a marcharse ha provocado una profunda crisis en el seno de la Fiscalía.
Desde este lunes, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Sánchez Conde, asumirá el cargo de fiscal general en funciones. Su nombre ya suena como sucesora de García Ortiz, después de haber ejercido como representante del Ministerio Público en el juicio a su superior. Entre otras cosas, Sánchez Conde se opuso al registro de los dispositivos de los investigados y ha defendido, al igual que la Abogacía del Estado, que el registro de despacho del fiscal general fue una medida desproporcionada. Su papel en la causa ha generado múltiples críticas, al considerar que ha actuado como un muro institucional para con su superior.
Otro de los nombres que suena en las quinielas para la jefatura del Ministerio Fiscal es el de Villafañe. Mano derecha de García Ortiz, llegó a estar imputado por el Tribunal Supremo; finalmente, el instructor Ángel Hurtado consideró que no existían indicios suficientes y archivó la causa contra él. En el juicio, declaró como testigo y protagonizó una de las comparecencias más criticadas. Acusó directamente a la fiscal superior de Madrid, Lastra, de sentir «animadversión» hacia García Ortiz, después de que esta testificase contra él ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
También se habla de las candidaturas de las fiscales Peramato y Gisbert, la primera fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y la segunda fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado.
