En efecto, el Ejecutivo necesita mayoría absoluta y los socios del Gobierno de coalición se desmarcan del pacto, mientras comentan en privado “el silencio” de Junts. Tanto Izquierda Unida como Compromís y Chunta Aragonesista se desmarcan de Sumar.
Los primeros exigen “una amplia reforma de los modelos de financiación autonómica y local” con un “sistema justo para todo el Estado, que garantice la solidaridad y los servicios públicos”, mientras que Compromís y la Chunta Aragonesista sólo apoyarán una reforma del sistema de financiación si se otorgan mejoras a Valencia y a Aragón, respectivamente.
La vicepresidenta Díaz, aseguró que entiende “perfectamente” a estas dos formaciones y solicita a la vez dos cosas que algunos creen contradictorias, la soberanía fiscal de Cataluña y “solidaridad” entre territorios. En una entrevista Díaz dijo este viernes que debe ser Sumar la que decida el sentido de su voto cuando llegue la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) al Congreso, pero admite que «el debate claro que tiene sensibilidades”.
El texto del acuerdo recoge expresamente que se deberán impulsar “las modificaciones correspondientes de la Lofca y de la ley de cesión de impuestos a Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos”. Unas modificaciones que son necesarias para que la Agencia Tributaria de Cataluña gestione todos los impuestos. El acuerdo también especifica que el marco temporal para tramitar estas reformas se fija en 2025.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva Federal convocada el pasado martes de manera extraordinaria para avalar el acuerdo, antes de que la militancia de ERC lo ratificase, también se comprometió al desarrollo posterior de estas medidas en los grupos de trabajo en la Cámara Baja. Según el texto aprobado, “el PSOE respalda plenamente este preacuerdo y se compromete a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación”. Para ello, el PSOE incorporará este preacuerdo “al espacio de negociación que mantiene con ERC y que cuenta con un mecanismo internacional de acompañamiento, verificación y seguimiento con el fin de trabajar conjuntamente para garantizar su pleno cumplimiento”, según recoge la resolución aprobada con sólo una abstención. Un compromiso que los socialistas no pueden cumplir solos al contar tan sólo con 120 diputados, cifra insuficiente al tratarse de una ley orgánica que requiere de mayoría absoluta para su aprobación.
Los chats de los diferentes partidos que conforman el Gobierno de coalición siguen ‘ardiendo’ para mantener, previsiblemente, en estos días ejecutivas de sus respectivas formaciones para decidir así la postura que defenderán de cara al debate parlamentario.
Sánchez, en su balance de fin de curso, ya reconoció “la dificultad para llegar a acuerdos” en el Congreso y pidió a los suyos arrimar más el hombro porque “no es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar”.
Un posible mensaje de unidad ante las voces críticas de los territorios socialistas, que ya se plantean votar en contra de esta medida, como en el entorno del castellanomanchego García Page o en el del asturiano Barbón.
De momento, los números no dan para un preacuerdo que crea tensiones entre las distintas formaciones.
