La Comisión Europea dio su visto bueno el pasado dos de octubre, tras tres meses de negociaciones. Ahora, la adenda del plan de recuperación necesita la aprobación del resto de Estados miembros para ser formalizada. Este proceso está previsto que ocurra en la reunión que los titulares de Finanzas de los Veintisiete mantendrán en Luxemburgo, donde también se espera aprobar las estrategias de inversiones y reformas revisadas de Portugal, Eslovenia, República Checa y Países Bajos.
El plan revisado modifica 52 de las medidas incluidas en el plan original, ya que Bruselas ha considerado que existen «circunstancias objetivas» para que el Gobierno introduzca esos cambios. Algunas de estas circunstancias incluyen los problemas de suministros, la guerra rusa contra Ucrania, el aumento de precios y falta de demanda derivados de la alta inflación o la existencia de dificultades técnicas inesperadas.
Un cambio importante es la eliminación de los peajes por el uso de las carreteras, previsto en el plan original para 2024, que ha sido reemplazado por medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías. Según la Comisión, los cambios mantienen o elevan el nivel de ambición de las medidas originales. De las nuevas subvenciones, 2.600 millones de euros se destinarán al nuevo capítulo que incorpora la adenda para implementar la estrategia Repower EU, con la intención de desprenderse de los combustibles fósiles rusos. España podría recibir 1.400 millones como anticipo.
Frente a este contexto, España se compromete a simplificar los procesos y permisos para la producción de energía renovable y la infraestructura de la red eléctrica, así como a realizar inversiones para apoyar la producción de hidrógeno renovable, subsidiar las energías renovables y el almacenamiento de energía, la infraestructura eléctrica y la descarbonización de la industria, entre otras medidas. Además, se suman 7.700 millones más en transferencias, a las que tenía derecho España a raíz de la actualización que hizo Bruselas de las asignaciones nacionales. Estos fondos se destinarán a financiar 9 reformas y 23 inversiones.
Entre ellas figura la ley de protección de los derechos de los consumidores, una reforma para mejorar el acceso de pymes y autónomos a financiación, la estrategia de microcredenciales en universidades o las inversiones en medicina personalizada.
La parte más impoirtante del plan revisado serán los 83.200 millones de euros en préstamos, cuyo uso se concentrará en 2026, el último año de vida del fondo. Entre las siete reformas y veinte inversiones que financiarán estos créditos, se incluyen medidas para facilitar la construcción y alquiler de vivienda, inversiones en ciencia, tecnología e innovación en el sector sanitario o para modernizar el sector aeroespacial.