Hasta 163.000 millones de euros se han dispuesto para el plan de Recuperación español, de los cuales 80.000 millones de euros se articulan como ayudas a fondo perdido y 83.000 millones de euros en préstamos en condiciones más favorables que las del mercado. España ha recibido un 43,5% de esta financiación, el grueso de ella en forma de fondos Next Generation, lo que deja un 56% del dinero, por el momento, en suspenso.
Es mas, en la revisión del plan de Recuperación que Moncloa presentó esta semana ante Bruselas, se renunciaba al 75% de los préstamos. En los próximos meses, España pedirá 5.000 euros más de esta cuantía, por lo que pretende acceder a un total de 22.000 millones de euros en préstamos. Renuncia así a gran parte de los 83.000 millones de créditos favorables disponibles en su plan.
Desde Economía evitaban pronunciarse sobre los cambios en las cifras, sosteniendo que tenemos un buen acceso a los mercados financieros, lo que elimina las ventajas que entrañaban las «condiciones favorables» de los préstamos articulados en el plan de Recuperación. Por ejemplo, en los préstamos a 20 años (vida media del préstamo de la Comisión Europea), el diferencial es negativo: está ahora 3,84 UE y España 3,77, es decir, en términos generales nos financiamos en mercados a costes inferiores a los préstamos UE, explicaban las mismas fuentes.
Hasta la fecha, España ha recibido cinco pagos del plan de Recuperación. No todos completos, considerando que Bruselas no ha dado todos los hitos por cumplidos. Ahora mantiene suspendida una partida de 1.100 millones, en el marco del último desembolso, al dar por incumplidos la reforma de la temporalidad de los interinos (primer pago), la digitalización de las entidades regionales y el impuesto al diésel. Esta última medida ha sido, en parte, responsable de que se haya dilatado en el tiempo la solicitud del quinto pago y ejemplifica las consecuencias que entraña para el desembolso de fondos europeos la difícil aritmética parlamentaria. Ocurrió lo mismo en el cuarto pago con la reforma del subsidio por desempleo, lo que ha propiciado que España acumule un retraso de un año y medio respecto al calendario original.
