Se escala el análisis después de que Economía haya advertido riesgos de «interés general», diferentes a los de competencia cuyo análisis compete exclusivamente a la CNMC. Para su veredicto ha tenido en cuenta los resultados de la inédita consulta pública abierta ad hoc entre los pasados día 6 y 16 de mayo, y en la que ha podido participar todo el que ha querido; y una consulta paralela mantenida con los ministerios que conforman la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Según el ministerio, que fundamenta su decisión en el marco de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, ha observado riesgos relacionados «con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social».
Que se abra el estudio no prejuzga el resultado, ya que el Consejo de Ministros podría concluir que ratifica la resolución del organismo, añade condiciones o, incluso, las suaviza como hizo otro Consejo de Ministros en el año 2012 para facilitar la fusión de Antena 3 y La Sexta, aliviando sus condiciones.
La posición del Ejecutivo ha sido, sin embargo, crítica hacia la opa desde su formulación al considerar que la operación introducía «efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español», por agravar la ya alta concentración del sector financiero tras el alud de fusiones que se derivaron de la crisis financiera y la uniones posteriores en el escenario pospandemia. El presidente del Gobierno, Sánchez, puso en el foco el impacto sobre la cohesión territorial y algunos ministros han advertido de potenciales problemas sobre la exclusión financiera, o la destrucción de empleo.
BBVA ha defendido que los compromisos asumidos con la CNMC atenderían a todas las inquietudes expresadas por los miembros del Consejo de Ministros. El banco vasco, que lanzó la opa confiado en resolverla en seis-ocho meses, reivindicó que sus garantías «favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos», además de preservar la competencia especialmente en los territorios donde la presencia del nuevo grupo se reforzaría particularmente como Cataluña.
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