Se trata de uno de los porcentajes más bajos de la serie histórica, un indicativo de que las empresas están reaccionando a las tensiones de liquidez de sus clientes retrasando el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial.
El retraso en las acciones de recobro implica un deterioro en la efectividad de la recuperación. A pesar de ello, el estudio refleja una gran flexibilidad de los plazos de recobro, como medida para salvaguardar las relaciones comerciales. El 37% de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos de más de 90 días antes de considerar un crédito moroso.
Cuando se inician las acciones de recobro, la inmensa mayoría de las empresas renuncia al cobro de intereses de demora. El 63% de las empresas no los aplica nunca y solo el 4% es sistemático a la hora de ejercer su derecho. Son niveles peores a los registrados hace un año, lo que indica el esfuerzo que están realizando las compañías por mantener la relación con sus clientes, a pesar del retraso en el pago.
Hasta 2022, los tipos de interés de demora para operaciones comerciales estuvieron fijados en el 8%. El endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo provocó que se incrementasen hasta el máximo del 12,5% en 2024. En la actualidad, este tipo está fijado en el 10,15%. La variación de este indicador oficial no tiene, sin embargo, traslación a la economía real: según el Estudio elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, el 98% de las empresas que aplican intereses de demora reclaman por debajo de los que le corresponden legalmente.
