Fue la consecuencia directa de una cadena de decisiones fallidas, advertencias ignoradas y una política energética que antepuso el relato ideológico a la seguridad del suministro. Un año después, el mayor escándalo energético de la historia reciente de España sigue teniendo una característica inquietante: nadie responde por él.
El Gobierno ha optado por la estrategia más cómoda y, a la vez, más dañina para la credibilidad institucional: dejar que el tiempo diluya las responsabilidades.
Ni una dimisión, ni una asunción clara de errores, ni una explicación convincente sobre por qué un país moderno quedó literalmente a oscuras. En su lugar, excusas difusas, informes técnicos sin consecuencias políticas y un sobrecoste millonario que han terminado pagando los ciudadanos.
Red Eléctrica de España, como operador del sistema, no puede ser presentada como un ente ajeno a la crisis. Su función es garantizar la estabilidad de la red, anticipar riesgos y actuar con criterios estrictamente técnicos. Sin embargo, cuando su dirección depende de nombramientos políticos y su margen de maniobra queda encorsetado por decisiones estratégicas del Ejecutivo, la responsabilidad se comparte. La pregunta no es solo qué falló, sino quién permitió que el sistema funcionara al límite durante tanto tiempo.
Resulta especialmente grave que, tras el apagón, se hayan adoptado medidas de refuerzo que encarecieron el sistema en torno a 1.000 millones de euros. Esa cifra es, en sí misma, una confesión implícita: si ahora era necesario invertir de urgencia para evitar otro colapso, entonces el riesgo ya existía antes. Y si existía antes, alguien decidió mirar hacia otro lado.
El apagón no fue un accidente aislado, fue el síntoma de una gestión irresponsable. Una política energética diseñada desde el despacho, ensimismada en objetivos propagandísticos, desconectada de la realidad física del sistema eléctrico y alérgica a las alertas técnicas. Cuando la ideología sustituye al criterio profesional, el resultado no es progreso, sino vulnerabilidad.
La ausencia de responsabilidades no solo es una falta de respeto a los ciudadanos, sino un peligro real. Porque transmite la idea de que los errores graves no tienen coste político. Que se puede fallar sin consecuencias. Que basta con reforzar el sistema después y pasar la factura en silencio.
El mayor apagón de Europa no debería cerrarse sin nombres ni decisiones. Sin responsabilidades claras, no hay aprendizaje; sin aprendizaje, el riesgo permanece. Y mientras nadie asuma su culpa, la verdadera lección es demoledora: en España, cuando el sistema falla, el poder se protege y el ciudadano paga.
