El magistrado les requirió el análisis del folleto de información sobre la operación efectuada por más de 2.500 millones de euros con el fin de aclarar si los datos contables recogidos en dicho documento ofrecían una imagen fiel de la entidad, que fue resuelto en junio de 2017, y si los accionistas que compraron acciones sufrieron perjuicios económicos.
Este informe es una de las primeras diligencias que ordenó el instructor en junio de 2022, en el momento que admitió a trámite dos querellas presentadas por un grupo de inversores minoritarios y por Cerquia Gestión y Cercupenta, quienes atribuyen presuntos delitos de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información en esta ampliación de capital.
Según informan fuentes jurídicas conocedoras de esta causa –la segunda que se abre en la Audiencia Nacional contra el Banco Popular–, este informe pericial es importante porque determinará el futuro de la investigación, es decir, si es necesario practicar más diligencias o se puede cerrar el caso en el que se encuentran investigados el expresidente del Banco Popular Ron, el exvicepresidente de la entidad Higuera y el auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012 del banco, Sanz Oliva.
Precisamente, Ron señaló en su declaración ante el juez, en octubre de 2022, que esta ampliación de capital se hizo con el visto bueno del Banco de España. El penúltimo presidente del Banco Popular resaltó que fue el supervisor bancario el que pidió a las entidades financieras que tuvieran provisiones y reforzaran su capital para hacer frente a un contexto de rescate del sistema bancario español de hasta 100.000 millones de euros.
Así, señaló que fue el Banco de España el que requirió y autorizó a la entidad extinta que afrontara 3.223 millones de euros y subrayó que toda esta situación excepcional se explicaba en el folleto de información, que definió como claro y transparente, según explicaron fuentes jurídicas presentes en dicha comparecencia. Por último añadió que el Popular pasó sin problemas la revisión de activos realizado por el Banco Central Europeo (BCE).
A lo largo del año que lleva en marcha esta investigación judicial, las diligencias practicadas han sido pocas. A finales de 2022, los denunciantes intentaron impulsar la causa ampliando sus querellas hacia los entonces miembros del consejo de administración de Popular y la excúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, el juez Pedraz rechazó ampliar el listado de investigados.
El caso por la ampliación de capital de 2012 se inició justo en la recta final de la primera investigación que la Audiencia Nacional abrió contra el Banco Popular por la emisión de acciones que tuvo lugar cuatro años después, así como por la presunta filtración de información que habría acelerado la caída de la entidad. Estas pesquisas, que ha dirigido el juez José Luis Calama, finalizaron en abril, si bien aún no se conoce si algunos de los investigados –entre los que también está Ron o su sucesor en la presidencia del banco, Emilio Saracho– irán a juicio o la investigación, que se ha prolongado más de cinco años, acabará siendo archivada.
