Y que pretende que la norma entre en vigor en junio, beneficiando a todas las las personas que hayan finalizado un tratamiento contra el cáncer cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato de crédito o seguro, sin recaída posterior.
Se trata de una reivindicación histórica de las organizaciones de lucha contra el cáncer ante los problemas que sufren las personas que han sufrido esta enfermedad, pero que ya la han superado, a la hora de obtener hipotecas y otros créditos, o seguros.
“Vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de todos aquellos pacientes que vencieron al cáncer. Eso significa que ya no más van a sufrir discriminación a la hora de firmar una hipoteca o acceder a un seguro o un crédito. Esta es la política útil, es lo que hace un Gobierno sensible con la gente y que defiende lo que le interesa a la mayoría de la gente”, afirma Pedro Sánchez en el mitin del PSOE posterior a la reunión.
La norma que prepara el Gobierno asume una resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2022, que recomienda a los Estados miembros poner medidas para evitar la discriminación de los supervivientes de esta enfermedad antes de 2025. “Las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por el cáncer; pide que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes de cáncer no sean discriminados en comparación con otros consumidores; toma nota de la intención de la Comisión de colaborar con las empresas para elaborar un código de conducta que garantice que la evolución de los tratamientos contra el cáncer y su mayor eficacia se reflejen en las prácticas comerciales de los proveedores de servicios financieros”, señalaba la resolución.
La propuesta del PSOE declarará nulas todas las cláusulas basadas en los antecedentes oncológicos que excluyan o que discriminen a la hora de contratar productos o servicios. El PSOE llevará a cabo la tramitación de la norma mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley del Contrato de Seguro.
