La quita del 20% del pasivo catalán acordada el jueves entre el PSOE y ERC, abre un complejo escenario en el que Gobierno deberá decidir qué parte de la deuda condona a las diferentes regiones sin avivar los tradicionales agravios comparativos. Muchas variables entran en juego. El objetivo -según se desprende del acuerdo de investidura con el partido independentista- es facilitar la vuelta de las Comunidades Autónomas a la financiación en los mercados de deuda a través de una modificación legal. Para ello, es preciso recortar el acumulado que mantienen, teniendo en cuenta la ratio sobre su PIB y las diferentes capacidades crediticias con la que cuentan. «El cálculo se tiene que hacer de forma individualizada y en cada comunidad se determinará el porcentaje de deuda a condonar», advirtieron ayer fuentes socialistas que siguen sin detallar la formula elegida.
Sin embargo, los números ilustran bien la situación. Cataluña -a pesar de contar con la deuda más elevada- no es la autonomía con mayor volumen de endeudamiento con el Estado. Valencia podría ser la región más beneficiada por el mecanismo. Su pasivo con el FLA asciende a más de 46.200 millones de euros, un 36,47% de su PIB. Además, su rating crediticio es similar al catalán. Fitch le otorga BBB-, lo que alerta de un posible incumplimiento de pago en caso de que las condiciones económicas se tornen adversas. Si el futuro Gobierno actúa de manera proporcional, podría condonar un 26,2% de la deuda valenciana, es decir, más de 12.100 millones de euros. El movimiento es necesario, teniendo en cuenta el complejo escenario que abre la permanencia de unos tipos de interés en máximos. Esto -advierte Funcas- «obligaría a comunidades como la valenciana o a Cataluña a dedicar el 10 % o más de su presupuesto ordinario al pago de intereses». De hecho, teniendo en cuenta las pistas desveladas por la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, el mecanismo dará prioridad a la deuda acumulada desde la crisis financiera de 2008. Si se analiza la responsabilidad individual en el crecimiento de la deuda autonómica entre 2007 y 2022, casi la mitad del aumento -el 44%- corresponde únicamente a estas dos comunidades, Cataluña y la Comunidad Valenciana, según describe Funcas.
El problema persigue también a Murcia, otra de las regiones que mayor volumen de endeudamiento acumula con el FLA. Roza los 10.000 millones de euros, y supone un 26,8% de su PIB. Las cifras -similares a las catalanas- le podrían procurar una quita del 19,35% de su compromiso con el Estado, hasta los 1.888 millones. También Castilla-La Mancha y Baleares cuentan con serios problemas de acceso a los mercados. Juntas, absorben recursos del Estado por encima de su cuota demográfica. La región liderada por García Page acumulaba un pasivo de 11.069 millones con el Fondo de Liquidez Autonómica en el primer trimestre del año, lo que equivale al 23% de su PIB. La condonación ofrecida podría rozar los 1.900 millones, el 16,7%. En el caso de Baleares -ahora en manos del PP- la quita simétrica recortaría un 10% de su deuda, 487 millones de euros. Sumando el peso de las cinco encontramos que consumen un 77% del importe total de la deuda del FLA, pero solamente suman el 37% de la población española.
La solución propuesta será compleja y demandará un alto coste político. Funcas llevan meses poniendo sobre la mesa una quita de deuda simétrica para todas las CCAA, pero reconoce que hacerlo provocaría «un fuerte rechazo político y social en las regiones que han recurrido en menor grado a los mecanismos». Además, recuerda que recurrir a una quita simétrica afectará a la credibilidad del marco de estabilidad fiscal español, es decir, a los compromisos de déficit en pleno regreso de las reglas fiscales.
Aun así, Calviño descartó ayer un impacto sobre las cuentas públicas. «La condonación de deuda a Cataluña es un traspaso contable sin impacto sobre España», dijo la ministra en funciones durante unas jornadas organizadas por APIE. No obstante, existen alternativas con mejor encaje político. Varios analistas han planteado concentrarse en el coste y en el plazo de devolución del pasivo para garantizar que la carga de la deuda sea soportable para todos. Esta vía haría que el Tesoro tuviera que endeudarse a tipos muy superiores a lo largo de la vida de esa deuda. El impacto sería similar, pero generaría un agravio menor entre territorios.
Lo que es innegable, es la necesidad de acometer una reforma del sistema de la financiación autonómica. Según el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, Lago, es vital para «recuperar la confianza de los inversores y volver a financiarse en los mercados sin pagar sobrecostes significativos», apunta.