La luz verde definitiva se producirá más de un año después de que España se comprometiera a ello con la Comisión Europea a cambio de que autorizara el mecanismo ibérico, que mientras tanto ha servido para contener la factura de la luz en España y Portugal, y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pusiera múltiples objeciones sobre la manera de calcular el precio regulado de la luz que también compartiría la Comisión. Este viernes, en Madrid, la directora general de Energía de la Comisión, Joergensen, se ha limitado a pedir que el nuevo sistema ofrezca «certeza» al mercado y a los inversores.
La secretaria de Estado de Energía, Aagesen, ha asegurado que «queda muy poquito» para que vea la luz una reforma con la que el Gobierno calculó que podría haber un ahorro general de 297,1 millones de euros al año en las facturas de la luz. Además de hogares y hogares vulnerables que quieran solicitar el bono social, en el nuevo diseño que ha realizado el Ministerio de Transición Ecológica también está previsto que puedan acogerse a la tarifa PVPC las microempresas y que también en ella se repercuta el coste del bono social eléctrico que pagan todos los consumidores. «Estamos trabajando para tener la propuesta aprobada, nos gustaría que en este primer semestre», ha dicho Aagesen, que ha recordado que queda «muy poquito» para que termine este plazo, a final de junio como muy tarde. Sin embargo, y según el último borrador conocido de la reforma, esta no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2024.
