Pero quizá no sea así. Las manifestaciones de Calviño, Montero o Díaz, por citar a las primeras que despotricaron contra el empresario son un escalón más en la estrategia diseñada desde Moncloa de acoso y derribo de empresas y empresarios.
De otra manera no se entienden las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno con respecto a las empresas: subir los impuestos, elevar las cotizaciones, imponerles subidas salariales en plena crisis y estigmatizarlas para tapar la responsabilidad propia en el evidente empobrecimiento de la sociedad española, opuesto al ilícito enriquecimiento del Estado gracias a la inflación.
Todo ello nos ha llevado a una crisis empresarial cuya cifras se recogen mes a mes y que reflejan la continua desaparición de empresas y autónomos. Porque aunque en la dialéctica populista de la landa de indocumentados que nos gobiernan las empresas parecen ser unos monstruos que todo lo devoran la realidad es que la empresa tipo española es pequeña, familiar, con poca plantilla y un autónomo al frente peleando contra las adversidades y la inaceptable carga fiscal y regulatoria que el imponen, a costa incluso de llevarla a la quiebra.
Y claro esta cuando estos chupapresupestos se dedican a criminalizar a empresarios como Roig u Ortega, modélicos en su sector, o a reprocharles los precios de los productos sin tener en cuenta sus peticiones, puede suceder que los empresario se harten y tomen las de Villadiego. Y eso sienta muy mal, pero al igual que en Cataluña paso lo que paso, puede que las gracietas de insensatos como Iglesias y sus niñas ministras nos conduzcan a una situación similar. Con el agravante de que el desplazamiento es supranacional, no interregional.
El daño ya está hecho y ahora le toca al Gobierno rectificar, corregir errores o dimitir en bloque, cosa que para desgracia de los españoles no pasara. Pero ya me contaran ustedes que otra cosa se les debiera exigir cuando son incapaces de diseñar y ejecutar una política económica coherente con los tiempos y las circunstancias.
