Pese a suponer una ’’cifra récord en España’’, según apunta el Gobierno en una respuesta escrita en el Congreso a una pregunta de Ciudadanos a la que ha tenido acceso Europa Press, todavía se queda a 2.168 funcionarios del mínimo exigido desde el cuerpo de trabajadores de Trabajo.
En otra respuesta registrada en el Congreso, esta vez por una pregunta de Vox, el Gobierno recuerda que en el año 2022 se aprobó una oferta de empleo público con 181 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (146 de acceso libre; 36 de promoción interna); otras 146 plazas para el Cuerpo de Subinspectores (126 de acceso libre; 20 de promoción interna); y 128 plazas para el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral.
Además, el Ejecutivo destaca las partidas presupuestarias designadas al organismo, que en los últimos tres años han crecido un 41,5%, pasando de 145,8 a 206,3 millones de euros. Sin embargo, el responsable de Acción Sindical en la Administración General del Estado en CCOO y también inspector de trabajo, Josetxo Gándara, explica a Europa Press que estas cifras se enmarcan en los acuerdos comprometidos por el Gobierno y no obdecen a un plan de choque ’’extraordinario’’.
’’No hay absolutamente nada nuevo’’, indica Gándara, quien subraya que la actual plantilla de Inspección de Trabajo es propia de un país en vías de desarrollo, si se atienden a las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).En sus respuestas parlamentarias, el Gobierno dice también que invertirá 10 millones de euros en la modernización tecnológica del organismo, con el objetivo de aumentar la eficacia de la actividad inspectora y reforzar la herramienta de lucha contra el fraude. Además, en su respuesta parlamentaria el Gobierno también destaca la creación de una Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Apoyo a la Planificación, responsable de liderar este proceso de modernización.
Si bien Gándara saluda esta inversión, también matiza que viene a reponer la primera capa del sistema, principalmente para aprovisionar al organismo de nuevos terminales u ordenadores portátiles. Así, denuncia que la partida del Gobierno no ataja el principal problema de los medios tecnológicos, que tienen que ver con los servidores y también con la aplicación informática Integra, que componen la columna vertebral informática del organismo. El responsable sindical explica que el programa Integra es una de las principales herramientas de los inspectores, ya que a través de esta acceden a toda la información necesaria sobre una empresa concreta, como puede ser el número de trabajadores u otra documentación relativa a información fiscal.
’’La mitad del tiempo no funciona’’, denuncia Gándara al hilo de esta herramienta, que ya ha sido motivo de quejas por parte de los trabajadores por sobrecargas y mal funcionamiento. Según recuerda, la Inspección de Trabajo dependía del Ministerio de Trabajo hasta 2018, cuando pasó a ser un órgano autónomo. Con este cambio, según Gándara, Inspección de Trabajo dejó de recibir algunos servicios transversales, sobre todo informáticos, que antes proveía el ministerio y todavía no se han recuperado.
