Así, Montero, ha pedido en el Fórum Europa a la Xunta de Galicia que saque la crisis de los pélets de plástico de la “contienda electoral”, que recuerde “las lecciones» del ‘Prestige’ y que “deje de echar balones fuera como escuchamos cada día” y todo ello cuando de l que se trataba era de presentar a su amiga Ribera como conferenciante entrevistada en el citado foro.
Eso si a la entrada del Casino madrileño la todopoderosa Montero explicaba que el Estado deja de vincular la ayuda al transporte público, por la que asumía el 30% del coste del billete, a que las comunidades autónomas aporten el 20% restante, como se les exigía hasta ahora. Así lo ha precisado este jueves la vicepresidenta señalando que «ahora lo que hacemos es no condicionarlo, es decir, que con independencia de que las comunidades planteen o no esa bonificación, nosotros vamos a pagar ese 30 %», ha apuntado, si bien ha precisado también que confía en que los ejecutivos regionales sigan aportando también a esta subvención, dado que se trata de una medida positiva para controlar la inflación y para fomentar, además, el uso del transporte público entre los ciudadanos. La medida, que se extiende a todo este año tras la aprobación el miércoles por el pleno del Congreso del Real Decreto-ley anticrisis, conlleva la gratuidad durante todo 2024 del Cercanías y de los trenes de media distancia y la aportación por parte de la Administración Central del 30% de la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano «siempre que las comunidades aportaran otro 20%». El acuerdo sellado ‘in extremis’ con el partido de Puigdemont, que se abstuvo de votar para permitir que tanto este real decreto como el de digitalización de la Justicia salieran adelante, elimina en adelante esa exigencia a los gobiernos regionales.
A preguntas de los medios, Montero se ha referido también a otro de los puntos del pacto con los independentistas, el que implica que el Ejecutivo se compromete a reformar la ley de sociedades de capital, que era una de las principales exigencias económicas de Junts. La ley, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, facilitó el cambio de sede de un buen número de empresas fuera de Cataluña, al permitir que esta decisión no tuviera que pasar por la junta de accionistas para poder hacerse efectiva -el cambio de sede requiere sólo del voto favorable del consejo de administración-.
Montero ha dejado claro que los cambios que el Gobierno pueda impulsar deben ceñirse al derecho comunitario en materia de libre instalación de empresas. «El Gobierno español no puede poner ninguna traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente», ha zanjado. Si bien, la titular de Hacienda ha precisado que estas sociedades deben cumplir con la legalidad vigente, de forma que no incurran en ingenierías fiscales para que, declarando su actividad principal en un lugar, su domicilio fiscal esté en otro.
