En unas semanas el llamado ‘caso Koldo’ entrará en una nueva fase con una batería de declaraciones tanto de nuevos imputados como de testigos, una vez aclarada la competencia del grueso de la investigación, que el Tribunal Supremo ha entregado al juez Ismael Moreno. El Gobierno ha movido ficha y por primera vez, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado personarse en la causa para defender al subsecretario involucrado del Ministerio que dirige Óscar Puente.
Se trata de Gómez García, actual subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible y a quien el ministro Puente se ha negado a cesar después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su imputación por una posible participación en la trama de millonarias adjudicaciones ilegales de mascarillas. El juez Moreno a finales de julio accedió a la petición del fiscal y decidió citarlo el próximo 9 de septiembre.
En un escrito de este mes de agosto, el magistrado pide al Ministerio Público que se pronuncie «sobre la procedencia de la personación de la Abogacía del Estado para actuar en defensa y representación del investigado». Hasta ahora los Servicios Jurídicos del Ejecutivo se habían mantenido al margen de esta causa que salpica a varios empresarios relacionados con Transportes como Víctor de Aldama o Juan Carlos Cueto y al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García.
De hecho, el Gobierno de Sánchez había ido desprendiéndose de todas las personas a las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iba señalando en las pesquisas. Así lo hicieron, por ejemplo, con el anterior secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, a quien Puente dejó caer el pasado mes de marzo por «perdida de confianza» cuando saltó el escándalo.
Entonces, Sánchez Manzanares no estaba imputado, pero se investigaba un contrato de su institución adjudicado a la trama durante la pandemia por un importe de más de 20 millones de euros, el más cuantioso que está bajo sospecha. Finalmente, el magistrado de la Audiencia Nacional lo ha imputado también y lo escuchará un día después que al subsecretario Gómez García, el próximo 10 de septiembre. El día 11 tendrá que acudir también el director general de Gestión de Personal de Adif, Michaux Miranda, igualmente en calidad de investigado.
El estallido del caso se llevó por delante, incluso, al exministro Ábalos, que fue expulsado del PSOE, si bien él se negó a dejar su acta de diputado y se pasó al grupo mixto. Pero desde hace varios meses Puente mantiene prieta las filas y se ha negado a prescindir de más profesionales de su círculo a pesar de que Anticorrupción ha solicitado, incluso, una ampliación de la incautación de correos dentro del Ministerio.
Los socialistas hicieron ver en un primer momento que todos los investigados estaban ya fuera de la cartera de Transporte o de sus redes. Con esta nueva tanda de imputados, sin embargo, la mancha de aceite se extiende por el equipo de Puente, pero este paso adelante de la Abogacía del Estado vaticina un cierto cambio de estrategia. Los perjudicados y el propio ministro han defendido en todo momento la confianza en la inocencia de los nuevos implicados, por lo que estará por ver cómo se desarrollan las declaraciones.
El instructor del ‘caso Koldo’ ha decidido citar como testigo, además a otras nueve personas con relación a esta causa para distintos días durante la primera quincena de septiembre. Entre ellos están el actual presidente de Puertos del Estado, Toledo Lobo, la jefa de Contratación de esta entidad, Caballero, la subdirectora de la Asesoría Jurídica del organismo, de Miguel Peña; así como la expresidenta de Adif Pardo de Vera.
Esta última, admitió a los agentes de la UCO que había recibido presiones para adjudicar las mascarillas «lo antes posible». Dijo que no se le indicó la empresa concreta pero sí se le instó a la premura.
Además, el juez Moreno ha ordenado para el día 12 de septiembre la declaración como testigo del CEO de Globalia, Hidalgo, en la que hay muchas miradas puestas por su relación también con la investigación que asedia a la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez. A pesar de que el instructor de la Audiencia Nacional no veía razón para su citación, la acusación popular Liberum recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal y fue este tribunal superior el que decidió que la citación era pertinente.
Hidalgo tendrá que aclarar los pagos que Globalia (el holding propietario de la compañía Air Europa) efectuó a Víctor de Aldama, el comisionista de esta supuesta red corrupta, en plena negociación del rescate de la compañía aérea a la que el Gobierno inyectó 615 millones de euros de las arcas públicas.
