En los últimos días han renunciado a sus cargos el interventor de las Cortes, el letrado Luis de la Peña Rodríguez, y otras cinco letradas con cargos de responsabilidad. Se trata de la directora de Comisiones, Blanca Hernández Oliver; la de Relaciones Institucionales, Helena Boyra Amposta; la directora de Asesoría Jurídica, Paloma Martínez Santa María; la de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz; y la Interventora del Congreso, Isabel Revuelta de Rojas.
A cada uno de ellos ha despedido Galindo con un protocolario «agradeciéndole los servicios prestados» al firmar sus respectivas renuncias.
Revuelta de Rojas fue, además, una de las autoras del demoledor informe que los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia elaboraron contra la proposición de ley de amnistía del PSOE. En él dudaban de la constitucionalidad de la iniciativa, opinaban que el procedimiento debería haber sido el de una reforma de la Constitución y alertaban de que esta amnistía contraviene el derecho a la igualdad ante la ley recogido en la Carta Magna. Y, sobre todo: desacreditaban a su jefe y letrado mayor, que en noviembre elevó un informe muy benévolo que sirvió a la Mesa del Congreso para admitir a trámite la proposición de ley. En aquel, Galindo sostenía que ésta no incluía elementos de «evidente y palmaria inconstitucionalidad».
Paloma Martínez Santa María, Mónica Moreno Fernández-Santa Cruz e Isabel Revuelta de Rojas se marchan al Senado, donde estarán a las órdenes de la nueva letrada mayor, Sara Sieira Mucientes, que fue nombrada la semana pasada. Hasta entonces, esta última había desempeñado su trabajo en la Comisión de Igualdad del Congreso.
No obstante, ha sido el portazo de De la Peña el más sonado en el Palacio de las Cortes, puesto que escribió una carta de renuncia exponiendo sus «desavenencias» con el nuevo modelo de organización de Galindo. Cabe recordar que éste era un alto cargo del Ministerio de Política Territorial -subsecretario- hasta noviembre, cuando fue designado secretario general del Congreso y, por lo tanto, letrado mayor. Los representantes del PP en la Mesa del Congreso votaron en contra de su nombramiento por considerarlo afín al PSOE, lo que provocó una división inédita en el órgano de gobierno de la Cámara Baja.
Desde entonces, la polémica ha acompañado a Galindo. Primero, con su informe avalando la proposición de ley de amnistía. En diciembre, un veterano letrado, Manuel Fernández-Fontecha, lo acusó de haberle purgado de la Comisión Constitucional por criticar la amnistía. En una entrevista, Fernández-Fontecha había sostenido: «No hay inconstitucionalidad pequeña, grave o menos grave».
El malestar siguió agravándose con la distribución de letrados que Galindo hizo entre las comisiones parlamentarias. Después llegó el informe de los tres letrados de la Comisión de Justicia. Y, en paralelo, la desbandada
