En el auto, el juez señala que esta pieza separada investiga los delitos de traición y malversación de caudales públicos debido a la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas, especialmente después de la organización del 1-O. Actualmente, se investiga hasta a 11 personas, entre los que se encuentran el jefe de gabinete de Puigdemont y a su abogado, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye; el diputado Francesc de Dalmases; la exconsellera Elsa Artadi, y el entonces encargado de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, entre otros.
El juez quiere esclarecer una conversación en la que se mencionaba a «10.000 soldados rusos» para ayudar a Cataluña a conseguir la independencia.
El objetivo de la nueva pieza es «investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores y las actividades realizadas por éstos, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización, y alteración de la paz social».
«Los documentos más relevantes hallados en las entradas y registros del 18 de mayo de 2018 fueron la agenda y los dos móviles de Terradellas, ya que siguiendo su contenido y cruzando los datos con el resto de los innumerables documentos incautados en papel y digitales han permitido el hallazgo de una abundante cantidad de indicios de los delitos que se tratan en este escrito», añade el auto.
También relata como «diferentes países de la Unión Europea dieron la espalda al secesionismo catalán en un momento en que sus deseos de independencia coincidieron en el tiempo con la política de Rusia, ambos intereses configuraron el ‘procés’ como el escenario idóneo de sus mutuos intereses», y que para los rusos el ‘procés’ era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente, en sus palabras.
«En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Catalunya fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia», asegura.
Por contra, si hubiera finalizado con éxito, Rusia «habría contado con ‘una puerta trasera’ para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Catalunya, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas», sostiene el juez.
