El instructor, en los autos en los que acuerda mantenerles su libertad, advierte de que el atestado policial, que destapa presuntos amaños de obra pública a cambio de adjudicaciones, hace que los indicios que existían en el procedimiento no solo persistan sino que se consoliden más. «Es evidente que persisten, e incluso aparecen seriamente consolidados tras el último informe rendido en la causa por la fuerza policial actuante sólidos indicios de criminalidad con relación a la persona del investigado don Koldo García Izaguirre en relación con la comisión de diferentes ilícitos penales», reza el instructor en el auto que afecta al exasesor Ministerial. Además, valida los audios incautados en su domicilio alicantino asegurando que se trata de «muy expresivas y elocuentes grabaciones».
El instructor ha declinado acordar para ambos la prisión provisional solicitada por las acusaciones populares que litigan en el caso. En este caso el Partido Popular (que representa a Hazte Oír, Iustitita Europa, Liberum, ADADE, Manos Limpias y Veritas Justicia) había pedido la modificación de la medidas cautelares que pesan sobre ellos a tenor del último atestado policial. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha solicitado que se les mantuvieran las acordadas en diciembre. Se trata la prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.
El magistrado ha escuchado al Ministerio Fiscal y les mantiene en libertad. En sendos autos explican que «parece razonable» descartar que exista en el caso de Ábalos o de su exmano derecha «riesgo alguno» de reiteración delictiva, riesgo de fuga o de destrucción de pruebas; los tres supuestos que recoge la ley para valorar su ingreso en prisión. Tampoco se advierte, dice el magistrado, que sea preciso garantizar su presencia, eludiendo un riesgo intenso de que pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Aunque reconoce que este último riesgo nunca es del todo descartable, recuerda que se con las medidas menos restrictivas que se acordaron para ellos en diciembre.
«Ni se advierte tampoco la presencia de un peligro fundado y concreto de que el mismo pudiera ocultar, destruir o alterar medios relevantes de prueba, –menos ahora, incluso, que cuando se adoptaron las medidas cautelares que aquí se mantienen–, tomada en cuenta la batería de diligencias de investigación que han sido ya acordadas en la presente causa especial y el prolijo resultado de las mismas», dice en relación con la situación de Ábalos.
Sobre Koldo García explica que aparentemente los ocho audios incautados por la UCO en el registro de febrero de 2024 los efectuó él mismo. En concreto habla de «muy expresivas y elocuentes grabaciones de las que resultarían la posible adjudicación indebida de diversas obras públicas, en connivencia con quien era entonces titular del Ministerio de Transportes y de terceras personas también investigadas en el procedimiento».
Al respecto reconoce que la prisión provisional es «una medida cautelar de carácter excepcional» y que se debe aplicar con cautela. Con todo, sí admite que se han reforzado los indicios de la presunta comisión de los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Dicho informe dio pie a la entrada y registro de cerca de una decena de empresas vinculadas a la trama y del domicilio del propio Ábalos en Valencia.
Del mismo modo propició el ofrecimiento por parte de Puente a Santos Cerdán para que declarase de manera voluntaria en sede judicial este 25 de junio. La propuesta se formuló por su condición de aforado por lo que, tras renunciar éste al acta de diputado, se le imputó formalmente en las diligencias. El magistrado atribuye al que fuera «número tres» del PSOE los delitos de integración en organización criminal y cohecho. Ello, unido al cambio de defensa letrada ha propiciado su citación de cara al próximo 30 de junio. Se espera que el exdirigente socialista sí declare por los hechos que se les imputa.
Por su parte, y en lo que respecta a las comparecencias de hoy, Ábalos ha declinado cualquier irregularidad, mientras que Koldo se ha acogido a su derecho a no declarar.
