El magistrado ha inadmitido la denuncia al no apreciar indicios suficientes que justifiquen abrir un procedimiento penal en el testimonio anónimo de dos empresarios sobre la supuesta entrega de bolsas de dinero en la sede de Ferraz proveniente de comisiones por supuestas adjudicaciones irregulares.
El PP se querelló contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho, blanqueo y tráfico de influencias tras hacerse público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa al exministro socialista José Luis Ábalos a un paso de la imputación por el «caso Koldo».
La denuncia alude al testimonio anónimo de vinculados a Víctor de Aldama, comisionista de la «trama Koldo» y a quien la UCO considera el «nexo corruptor» con el ministerio de Transportes para la supuesta concesión irregular de contratos a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama. Según aseguró uno de esos empresarios a The Objective, acudían con bolsas de dinero (supuestamente con 90.000 euros) a la sede del PSOE en la calle Ferraz para pagar supuestos favores en la intermediación para la obtención de una licencia.
En la resolución en la que acuerda la medida, Pedraz señala que para admitir la querella debe analizarse si los datos ofrecidos de forma anónima tienen la virtualidad suficiente como para iniciar la investigación. Y recuerda que una denuncia anónima «tiene plena validez para iniciar una investigación», sin necesidad de desvelar la identidad del informador, tal y como establece el Tribunal Supremo, siempre que las informaciones vengan avaladas por otra vía o supongan por sí mismas un «elemento confirmador» de otros datos,
El instructor explica que la jurisprudencia requiere que esas informaciones estén sustentadas en «algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada». Además, añade, se precisa que «con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más».
Y en este caso, para el magistrado ese «algo más» no se da, pues «de lo actuado hasta la fecha en la presente causa» -que se ciñe a la investigación de un supuesto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos- «no aparece vinculación alguna con lo denunciado».
Fuentes del PP aseguran tras conocer el revés judicial que su deber como oposición «era pedir que se investigaran las informaciones periodísticas». Y recuerdan que «así empezó la instrucción del caso Koldo». «Es posible que el juez, a medida que tome declaración a los empresarios investigados, vea material suficiente para investigar también la financiación ilegal». Eso sí, se felicitan de que Pedraz admita su personación en la causa como acusación popular.
El portavoz popular Borja Sémper instó al tribunal a investigar la «supuesta financiación irregular del Partido Socialista» en una pieza separada de la trama de hidrocarburos. Tras presentar la querella en la Audiencia Nacional vaticinó que «todo se va a terminar por saber. Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabarán convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales».
Pedraz ha rechazado el recurso de Víctor de Aldama contra su prisión provisional, confirmando la medida para evitar, dice, que pueda obstruir la acción de la justicia. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 recuerda que hay múltiples diligencias todavía pendientes y que queda por analizar todo el material incautado en los registros. Por si fuera poco, añade, casi 74 millones de euros del dinero supuestamente defraudado podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero, por lo que «es preciso proceder a su localización y bloqueo», así como determinar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas, unas medidas «que se verían frustradas o, al menos, dificultadas, si el investigado se encontrara en libertad».
En el mismo auto, titular del Juzgado central de Instrucción Cinco admite la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, quienes no obstante deberán depositar antes 10.000 euros de fianza.
