Es por ello que pide la intervención de la ONU ante las irregularidades en la causa contra García Ortiz Entre estos hechos, la asociación remarca la «acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados». En concreto, denuncia que los mismos jueces participaron en «la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento».
Asimismo, los fiscales afean que el fallo condenatorio sobre García Ortiz trascendiera «sin motivación» durante semanas. Manifiestan que «ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican».
Y añaden que esto «afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones».
También apuntan a «comportamientos públicos impropios» durante el juicio y la deliberación. Concretamente, hablan de «intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad» y de «vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores».
Además, mencionan la existencia de «un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares». Se refieren a una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en el juicio contra García Ortiz, en la que participaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta –presidente del tribunal que enjuició al fiscal general–, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.
Por estas razones, piden a Satterthwaite «que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial»; «que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales; y «que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso».
Cabe recordar que García Ortiz fue presidente de la UPF, asociación que está siendo muy contundente en su crítica al fallo del Supremo y que reclama que se publique ya la sentencia completa.
