González y sus abogados sospechan que hubo «accesos indebidos» de miembros del organigrama municipal que, sin estar autorizados para ello, consultaron el detalle de los permisos solicitados, las actuaciones realizadas, las declaraciones responsables de demolición y obra y, en último término, el contenido del acta de la inspección asociada al piso que comparte con su pareja, para después circularlo con la intención de perjudicar la imagen pública de Díaz Ayuso. Por eso quieren que se inicie una investigación de oficio en la que se rastree e identifique a los autores y decidir si dirigen otro tipo de acciones, judiciales, contra estos.
Los socialistas, por su parte, aseguran que se han encontrado todo tipo de trabas desde el Consistorio de la capital, cada vez que han tratado de solicitar algún tipo de información o documentos técnicos sobre las órdenes de «paralización y/o el cese inmediato» de las obras iniciadas que, según su versión, González Amador ignoró.
Una versión que, sin embargo, choca con el relato temporal que sus letrados han hecho constar en la denuncia ante la AEPD para que se identifique a los presuntos responsables de las filtraciones. En dicho escrito quedaría acreditado que fueron varios los periodistas que tuvieron acceso a todo el expediente administrativo y a las notificaciones emitidas al hilo de éste, desde la Junta municipal de Chamberí, cuando éstas todavía no habían sido recibidas por su destinatario legítimo.
Muy al contrario, la pareja de Díaz Ayuso, consignó la Declaración Responsable y el pago de todas las tasas que se exigen en toda obra de reforma integral, que no afectó ni a vivienda protegida, ni a elementos estructurales, y tardó más de cuatro meses en recibir la primera de las decisiones de los técnicos municipales sobre la misma. Hasta la fecha, ninguna de ellas declarando que la acometida fuese ilegal o inválida.
A modo de ejemplo, González Amador ha puesto en conocimiento de la Agencia competente cómo el día 27 de mayo, en el programa de La Ventana, que se emite en la cadena SER, un periodista preguntaba sobre el asunto del inmueble al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, refiriéndose a consideraciones reflejadas en el acta de la inspección ocular que se había producido una semana antes, y que él mismo no podría descargarse, desde su mail, hasta el día siguiente, martes 28 de mayo, a las 10:32 horas de la mañana.
Por su parte, el pasado 20 de mayo, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, invitaba a quien considerase que el Ayuntamiento había cometido alguna ilegalidad en los documentos facilitados a la oposición sobre la situación del domicilio de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a que fuese a la instancia correspondiente a denunciarlo. Porque, si bien el regidor garantizaba a los socialistas que el Ayuntamiento cumpliría «con sus obligaciones siempre, afecten a quien afecten», el mismo día en el que la inspectora asignada al caso accedía a una primera inspección ocular del piso de la polémica, también dejaba muy claro que no filtrarían datos de particulares.
El alcalde se expresaba en estos términos en una entrevista televisiva después de que el PSOE de Madrid presentara la tercera denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción tras haber recibido información «mutilada» sobre la citada vivienda. Según la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se está vulnerando el derecho a la información recogido en el Reglamento del Pleno y en la Ley de Bases de Régimen Local.
