El Gobierno eleva al 2,6% su previsión de crecimiento para 2026 y presenta una senda de expansión superior al 2% hasta 2029, justo en el momento en que necesita construir una base política para el techo de gasto y unos Presupuestos Generales del Estado de difícil tramitación. La cifra puede ser defendible sobre el papel, pero el tono elegido transmite una confianza que parece ignorar deliberadamente demasiadas señales de fragilidad.
Lo más discutible no es que el Ejecutivo revise al alza sus previsiones, sino la naturalidad con la que minimiza los riesgos. El impacto del conflicto en Oriente Medio se cuantifica en apenas dos décimas de PIB, como si los shocks energéticos, geopolíticos o comerciales pudieran encapsularse sin mayores consecuencias. Es una hipótesis cómoda para el Gobierno, pero poco exigente desde el punto de vista analítico. En un entorno internacional tan volátil, convertir la desescalada en escenario central no es prudencia: es voluntarismo.
También resulta llamativa la confianza casi automática en el consumo privado y la inversión como motores del ciclo. El Ejecutivo da por hecho que ambos sostendrán la actividad durante varios años, pese a que el propio contexto apunta a presiones sobre la renta disponible, encarecimiento financiero, agotamiento progresivo de los fondos europeos y riesgos para la competitividad. Dicho de otro modo: el cuadro macro descansa sobre inercias favorables, pero ofrece pocas respuestas sobre qué ocurrirá si esas inercias se debilitan.
La reducción prevista del déficit —hasta el 2,1% del PIB en 2026 y el 1,85% en 2027— es otro punto vulnerable. Sobre el papel, la senda fiscal mejora; en la práctica, depende de que el crecimiento, los ingresos y el empleo sigan comportándose casi sin sobresaltos. Es el tipo de previsión que funciona mientras todo acompaña, pero que deja poco margen si la economía pierde tracción o si el gasto público vuelve a presionarse por compromisos políticos, sociales o presupuestarios.
El aval de la AIReF aporta cobertura técnica, pero no elimina el problema de fondo: el escenario del Gobierno se sitúa dentro de rangos aceptables, sí, pero inclinado hacia la parte más amable de la realidad. La propia AIReF advierte de riesgos a la baja por la incertidumbre internacional, el final de los fondos Next Generation EU, la productividad y una evolución del paro menos favorable que la prevista por el Ejecutivo. Es decir, valida la plausibilidad del cuadro, no su complacencia.
En definitiva, Cuerpo presenta un cuadro macro útil para sostener el discurso político del Gobierno, pero insuficientemente severo con los riesgos que rodean a la economía española. No es un escenario imposible, pero sí uno construido con demasiadas piezas colocadas en el lado correcto: crecimiento resistente, empleo sólido, consumo firme, inversión dinámica, inflación contenida y déficit descendente. Demasiadas condiciones favorables al mismo tiempo.
La conclusión es clara: el Gobierno no ha presentado tanto un mapa de riesgos como una hoja de ruta optimista para justificar su estrategia presupuestaria. Y cuando un cuadro macro se parece demasiado al mensaje que el Ejecutivo necesita vender, conviene leerlo menos como una previsión y más como una declaración de intenciones.
