Además, la súbita de tipos va a encarecer notablemente el recurso de las subastas para hacer frente al mayor nivel de requerimiento de esa deuda. En estos momentos ya hemos alcanzado el 4%, si bien el coste medio podria situarse en el entorno del 2%
En términos absolutos, el incremento en el pago de intereses de la deuda superará los 10.000 millones de euros en 2023, cifra que elevará esta partida en los próximos presupuestos generales por encima de los 40.000 millones de euros anuales, según estiman fuentes financieras. El encarecimiento anual se sitúa entre el 35% y 40% con lo que supera las subidas de 2013 y 2010, además de que batirá el récord anual de servicio de la deuda de hace diez años cuando se pagaron más de 38.000 millones.
El aumento de los costes financieros públicos se ha producido en un contexto de tipos de interés históricamente bajos debido a que la deuda total de España se ha multiplicado por tres en apenas quince años. En 2022 se rompió la tendencia de diez años consecutivos a la baja en los que el Tesoro Público abarató el tipo medio de su deuda viva. Pese a ello, los pagos por intereses se irán a zona récord con esa tasa de referencia promedio en torno al 2% en comparación con 2013 o 2011 cuando el Estado pagaba el doble (3,8%-4%) por endeudarse pero tenía menos deuda total. El grueso del incremento de la deuda pública ha sido adquirido por la Administración Central (102,4% sobre PIB frente al 89% de 2019), seguida por la Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, que ya representa el 8% sobre el PIB frente al 2,5% de 2018, el según el Banco de España. En cambio, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales (ayuntamientos, diputaciones) han saneado en estos cuatro años sus cuentas reduciendo el peso relativo respecto al PIB de las deudas que arrastran hasta el 23,9% y 1,7%, respectivamente.
La escalada de la deuda tiene una explicación sencilla: la acumulación déficits públicos año tras año acaba pasando a engrosar el endeudamiento estructural y de largo plazo del Estado. Su origen es simple: gasto por encima de los ingresos, pese a que la recaudación de impuestos ha crecido a ritmo récord en los dos últimos años.
Según los datos publicados el pasado miércoles por el Banco de España, la deuda pública aumentó en 81.540 millones de euros, 5,6% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta una cuenta a deber de 1,53 billones de euros. De esa cifra, la Administración central supone 1,36 billones, un 7% más interanual, pero la Seguridad Social, también bajo la gestión de Moncloa, también crece a mayor velocidad (+7% interanual), hasta -106.178 millones, otro récord que ha llevado a la comunidad de analistas y al supervisor Airef a elevar otra vez el tono.
La espiral deudora en la que se ha adentrado el gobierno, sin embargo, toca a su fin ante los llamamientos a la consolidación fiscal desde Bruselas pero, ante todo, por el final de la financiación extraordinaria del Banco Central Europeo (BCE), que desde el 2020 se había convertido en el principal ‘inversor’ de las subastas españolas. Pero junto a la política de subidas de tipos para frenar la inflación, la autoridad monetaria también está replegándose del mercado para ir reduciendo su balance.
En verano de 2022 puso fin a las compras netas de bonos en el mercado del programa de estímulo APP que puso en marcha en 2014 y que ha permitido aliviar las primas de riesgo de los estados. El próximo mes de julio cesará las reinversiones que venía realizando con los rendimientos de su cartera. Los expertos consideran que provocará un aumento adicional de los costes de financiación privados y públicos sin que se vuelvan a subir los tipos de interés.
De hecho, las estimaciones apuntan que supondrá una reducción de balance de hasta 30.000 millones de euros al mes, desde los 15.000 millones actuales, sin que tenga que salir a vender bonos. A finales de 2024, el BCE prevé hacer lo mismo con el PEPP, el otro bazuca monetaria ligado a la pandemia con el que llegó a acumular 1,85 billones de euros en deuda pública de los estados europeos. El Tesoro tendrá que afrontar así las exigencias de mayor rendimiento de bancos, fondos de inversión y fondos soberanos, los tradicionales compradores de la mayoría de la deuda pública.
