“La culpa in eligiendo e invigilando dentro del partido es evidente”, afirma el abogado García Hernández, quien destaca que, de confirmarse los hechos, el propio Presidente del Gobierno podría llegar a declarar como investigado en el Tribunal Supremo. En el atestado, los principales colaboradores del Ejecutivo aparecen como comisionistas en adjudicaciones públicas, lo que, según el abogado, deja al PSOE expuesto a la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal: “No hablamos de una metáfora. Es Derecho Penal puro”.
Según el abogado, el atestado revela un funcionamiento que “apunta a una organización criminal”, donde se pagaban ‘impuestos’ para mantener en el sistema a figuras clave como Cerdán, Koldo o Ábalos. “Esto ya no va de escándalos mediáticos o ceses forzados. Aquí se dilucida si las estructuras políticas están o no sujetas al imperio de la ley”.
Uno de los puntos más críticos será el papel del compliance officer del PSOE. “Esa figura no puede ser decorativa”, insiste el jurista. Si se prueba que los controles del programa de cumplimiento eran insuficientes, o que no había voluntad real de prevenir delitos, el programa quedará desacreditado, lo que refuerza la tesis de que el partido no actuó con la diligencia debida. “La inacción del PSOE hasta la aparición del atestado”, añade, “es la prueba más contundente de que no existía una cultura de cumplimiento real ni voluntad de transparencia.
El jurista destaca que: “las medidas que el Presidente ha anunciado, como la remodelación de su cúpula, desmantelada con la salida de Cerdán, o la comisión de investigación parlamentaria, así como «auditorías», son medidas a todas luces insuficientes y dan cuenta de que el programa de compliance y la cultura del partido tienen carencias no sólo en el área preventiva, si no en la reactiva, ¿se hizo una investigación interna? ¿Se han analizado los controles y posibles fallas? ¿Hay informes al efecto? ¿Se han presentado pruebas al Tribunal? ¿Se han entregado dispositivos o documentos que puedan evidenciar irregularidades? La respuesta es que «no se ha hecho nada, y el partido está solo a las revelaciones de los atestados de la Guardia Civil, una omisión imperdonable en términos de compliance que da buena cuenta, del escaso nivel de cultura de cumplimiento que atesora el partido y la escasa colaboración que va a encontrar para presentar pruebas contra los presuntos culpables».
El jurista, afirma que “aquello de la cultura del cumplimiento, y entregar a los «culpables» para buscar una exoneración de la responsabilidad penal o una atenuación parece estar muy lejos de lo que el PSOE concibe como transparencia y compliance, recordemos que esto no es una empresa, es un partido político.
El Letrado tiene claro, que “el Supremo, puede llamar al procedimiento al PSOE como responsable penal”. “Sin duda, este procedimiento penal, a poco recorrido que tenga, parece que va a poder sentar en el banquillo al PSOE como responsable penal, con la posibilidad de imponerle penas de multa, o incluso la disolución del partido.
“Será clave para las periciales de compliance esclarecer si los sistemas de control y prevención del partido estaban correctamente diseñados e implantados para evitar los delitos que se le imputan al partido”, insiste el vocal de la World Compliance Association
Finalmente García, manifiesta que el órdago del Presidente hablando de su impecable “compliance”, “le puede costar caro a su partido”, si al final el Tribunal sienta en el banquillo al PSOE y se demuestra que su programa de cumplimiento no era eficaz para prevenir delitos, “veremos, el tiempo lo dirá”.
En este contexto, y desde el punto de vista legal, “el PSOE podría enfrentarse a consecuencias demoledoras: sanciones millonarias, o incluso su disolución”. En palabras de García Hernández: “Las pretendidas auditorías anunciadas por Sánchez son solo un vendaje para parar una hemorragia. Sin medidas reactivas, sin colaboración con la justicia, el PSOE tiene difícil conseguir su exoneración penal, o incluso conseguir la aplicación de la atenuante, ya veremos, la pregunta es clara: ¿el compliance en Ferraz era pura fachada?”, concluye el abogado, “todo se verá”.
