El Real Madrid ha perdido el arbitraje por el importe de 400 millones de euros contra Mubadala, el fondo emiratí que absorbió a la petrolera IPIC, que controla Cepsa, por la ruptura del contrato firmado en 2014 para el patrocinio del club durante varias temporadas y para dar nombre al nuevo estadio Santiago Bernabéu tras su remodelación, según han informado fuentes conocedoras del procedimiento.
El club blanco, presidido por Florentino Pérez, llevó en 2018 al fondo propiedad del gobierno de Emiratos Árabes Unidos ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París (CCI), después de que éste rompiera a finales de 2017 el contrato tras una modificación del primer proyecto.
El acuerdo de financiación de la reforma del estadio se firmó por 400 millones de euros y contemplaba pagos anuales por cuatros millones de euros que se incrementarían hasta 20 millones de euros una vez remodelado el estadio, que aún está en proceso. Asimismo, llevaba aparejado el patrocinio del equipo blanco durante tres temporadas (las comprendidas entre 2014 y 2017), así como el derecho de denominación (naming right) del campo de fútbol por un plazo de 20 años si se cumplían determinadas condiciones urbanísticas. Además, ambas partes negociaron la posibilidad de ampliar este contrato durante dos temporadas más.
El laudo dictado por la corte de arbitraje de París, y que da la razón a IPIC, tiene lugar casi un año después de celebrar una vista en la que ambas partes presentaron sus conclusiones sobre el proceso que ha durado cuatro años. El Real Madrid, defendido por Alonso & Díez-Hochleitner Abogados y otro despacho, aseguró que él cumplió los puntos del contrato, algo en lo que discrepó los abogados de Mubadala, asesorado por Allen & Overy y y GBS Disputes.
La reforma del estadio Santiago Bernabéu sufrió un revés cuando, en febrero del año 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que permitía al Real Madrid iniciar un megaproyecto que incluía, entre otras cosas, un gran hotel y un nuevo centro comercial. El plan, finalmente aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en junio del año 2017, dio cobertura legal a la reforma del estadio, pero en términos distintos a los originales.
Precisamente, el hecho de que el TSJM no diera luz verde a los trabajos de reforma del estadio hizo entender a IPIC que no se estaban cumpliendo las condiciones del contrato, por lo que comunicó al Real Madrid la retirada de la financiación.
Y así se reconoce en el laudo arbitral, según indican las fuentes consultadas. La resolución considera que el contrato expiró en sus propios términos el 30 de junio de 2017, ya que las obras permitidas finalmente eran distintas a las previstas inicialmente. Ello significaba que, como consecuencia de su anulación en 2015, el 24 de junio de 2017, fecha límite en la que se debían cumplir las condiciones suspensivas, el Real Madrid no estaba en disposición de iniciar las que se habían acordado en el contrato de patrocinio.
Es más, el tribunal arbitral afirma que el Real Madrid nunca pidió el consentimiento de IPIC para modificar el alcance de las obras y la magnitud del proyecto, que redujo su edificabilidad en más de 30.000 metros cuadrados, al tiempo que eliminó la posibilidad de destinar 12.250 metros cuadrados a uso comercial.
