El alto tribunal estadounidense rechazó estudiar el caso, de forma que deja firme la sentencia de un tribunal de menor instancia que daba validez al arbitraje internacional. El consorcio GUPC, integrado por Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, se adjudicó en 2009 el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas del Canal de Panamá por valor de 3.118 millones de dólares, pero el coste final fue más alto. Un tribunal internacional de arbitraje con sede en Miami (Florida) ordenó a GUPC a pagar a la ACP unos 271,8 millones de dólares en un litigio sobre los materiales utilizados en las obras, entre otros elementos.
El tribunal desestimó además gran parte de las peticiones por 671 millones de dólares del consorcio contra el Canal de Panamá relacionados con las compuertas y la mano de obra en el proyecto de la ampliación de la vía interoceánica, por la que pasa el 3,5% del comercio mundial. También reconoció al consorcio el derecho a recibir 35 millones de dólares más de la Autoridad del Canal de Panamá por costes laborales.
