El despliegue logístico del evento, que dará cita a más de 500 asistentes, de diferentes delegaciones internacionales, fue asignado por el propio Conde-Pumpido, en un principio, a través de un contrato negociado sin publicidad con concurrencia de ofertas, a la Escuela Internacional de Protocolo S.L. por un valor total de 721.799,90 euros (IVA no incluido).
Una decisión que, sin embargo, fue impugnada por otra de las empresas no seleccionadas, hace varios meses, y se encontraba paralizada, a la espera de una resolución administrativa sin que, en ningún momento, el máximo responsable de la Corte de Garantías hubiese reportado sobre este extremo al resto de sus compañeros del TC. Ahora, tras varios meses de suspensión del expediente de contratación, como también ha podido adelantar este diario, se ha resuelto el recurso presentado, en contra de la selección inicial efectuada por Conde-Pumpido. De esta manera, la Escuela Internacional de Protocolo S.L. habría perdido la concesión obtenida, discrecionalmente, en favor de IAG7, otra de las licitadoras, mayorista de agencias de viaje, según lo dispuesto en la resolución dictada por el TACRC de la que ha tenido conocimiento este diario.
Un revés y varias incidencias para el presidente de la Corte de Garantías que, en ningún caso, han sido presentados, ni tampoco informados, al menos, a la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de la Corte, encargada de los asuntos del día a día, y compuesta por el propio Conde-Pumpido, su vicepresidenta Inmaculada Montalbán, los magistrados Concepción Espejel y Ramón Sáez y el secretario general de la Institución.
Si bien fuentes próximas al Tribunal confirman que todos los miembros de la misma conocían la celebración del Congreso, del que España será anfitrión por primera vez, así como la necesidad de una habilitación concreta de gasto necesario, para este asunto –dado que su asignación se encuentra prorrogada como resultado de la prolongación, a su vez, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)–todos ellos estaban ajenos a las vicisitudes de un contrato que, cuando menos, se ha gestionado de forma «poco transparente», apuntan las mismas fuentes consultadas.
Tampoco se había reflejado en modo alguno la nueva situación denunciada del contrato, ya admitida, en la propia página de Transparencia del TC donde, hasta la fecha, sólo se ofrecía información sobre el otro único contrato formalizado por el mismo procedimiento negociado, desde el año 2023, y que, en su caso, se correspondió con los «servicios de mantenimiento de licencias de software de gestión de recursos humanos, actualmente prorrogado».
