En concreto, el tribunal de garantías analizará la propuesta de sentencia que la magistrada María Luisa Balaguer ha preparado sobre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra este impuesto aplicable a los patrimonios de más de tres millones de euros. La decisión mayoritaria que se adopte en este caso –aprobación o rechazo de la ponencia– será el que marque la resolución del resto de recursos interpuestos en el mismo sentido.
La Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia, la Región de Murcia y la Asamblea de Madrid impugnaron también el gravamen extraordinario y, al igual que la administración presidida por Isabel Díaz Ayuso, denunciaron que la medida impulsada por el gobierno de coalición entra en conflicto con el impuesto sobre el patrimonio, cuya competencia es autonómica.
En Madrid, los contribuyentes llevan años beneficiándose de la bonificación al 100% de dicho tributo. A esta dinámica se sumó Andalucía, que comenzó a aplicar este descuento en 2022. En Galicia, las altas rentas tuvieron un descuento del 25% en 2022, que aumentó hasta el 50% en 2023. Y, por último, en el caso de Murcia, el impuesto de patrimonio está exento a partir de 2023, por lo que aún no ha tenido efectos prácticos.
Además, otro elemento a tener en cuenta es que la magistrada Balaguer no es la única ponente de las futuras sentencias, pues también han sido seleccionados para dicha tarea la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán y los magistrados Juan Carlos Campo (exministro de Justicia del PSOE) y Ricardo Enríquez. Los tres primeros magistrados están situados en el sector progresista del tribunal, mientras que al cuarto se le enmarca en el sector conservador.
El Constitucional comenzó a conocer el asunto el pasado mes de marzo, cuando admitió a trámite el escrito presentado por el ejecutivo andaluz de Juanma Moreno, aunque estaba previsto que el primer recurso a resolver fuera el de la Comunidad de Madrid. Así, su debate la semana que viene entra dentro del calendario que tenía previsto el tribunal de garantías, ya que según informaron fuentes cercanas al órgano a CincoDías, los magistrados querían zanjar este asunto polémico “antes de las fiestas navideñas”.
El Gobierno aprobó el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, junto a otras tasas temporales a la banca y a las grandes energéticas, como medida para paliar los efectos de la invasión rusa en Ucrania y aliviar la carga a las rentas más bajas. En principio, esto tributos serán de aplicación en 2023 y 2024, pero el Ejecutivo no ha cerrado la puerta a una posible prórroga.
En cualquier caso, la sentencia del Tribunal Constitucional llegará después de que los altos patrimonios hayan afrontado ya un primer pago, entre los pasados 1 y 31 de julio, que ha permitido a las arcas públicas recaudar 623,6 millones de euros, según indicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
