El órgano judicial comunitario tiene la misión de analizar el encaje de la polémica norma con el Derecho europeo y las audiencias programadas la próxima semana serán determinantes para responder a todas las dudas que la Justicia europea pueda albergar en relación con las consultas de los órganos judiciales españoles sobre si el contenido del polémico texto –que se diseñó a la medida de los socios separatistas de Pedro Sánchez, Junts y Esquerra (ERC), para eliminar las condenas impuestas a los delitos del procés catalán– es compatible con las directivas europeas vigentes en materia de corrupción política, terrorismo y malversación de fondos públicos.
De tal suerte que en las diferentes intervenciones que tendrán lugar ante la Corte de la UE, serán escuchadas tanto diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, como la Abogacía del Estado, entidades de la sociedad civil o representantes de la Comisión Europea que, como trascendió hace algunos días, alberga importantes sospechas de la validez de una ley de «autoamnistía» que fue diseñada a la carta, por motivaciones políticas, de la mano de los independentistas a los que iba a beneficiar.
Cabe recordar cómo, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas ha registrado un total de ocho preguntas relativas al presunto desvío de dinero de todos los españoles para la promoción y celebración del referéndum inconstitucional del 1-O. No en vano, según el criterio del órgano fiscalizador, la amnistía podría suponer un incumplimiento del principio de responsabilidad en el uso de los fondos públicos y, en consecuencia, ser incompatible con la obligación de todos los países de respetar y proteger los intereses financieros de la UE.
Mientras que, por su parte, la Audiencia Nacional ha elevado una cuestión prejudicial al TJUE al considerar que el borrado penal que se pretende para los miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por delitos de terrorismo, podría vulnerar la Directiva 2017/541 sobre lucha contra la lacra de la violencia. Un escenario en el que los magistrados españoles del órgano de instrucción central entienden que el texto legal podría ser la excusa para premiar con la impunidad actos que, de acuerdo con el ordenamiento comunitario, deberían ser perseguidos sin palitativos.
