Además, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recordado que el régimen actual se encuentra blindado por la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la Ley del Régimen Económico Especial de Baleares.
El Ejecutivo ha recalcado que, en su momento, reforzó las bonificaciones a los billetes de avión para residentes, subiéndolos del 50% al 75% de descuento y que AIReF es una Autoridad Independiente que emite recomendaciones no vinculantes.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicó este lunes un informe en el que pedía aprovechar la Ley de Movilidad Sostenible que se encuentra en trámites en el Congreso para sustituir la bonificación actual del 75% en billetes de avión para residentes no peninsulares por un precio fijo para cada ruta. AIReF añadía que la sugerencia se producía «para la mejora de la calidad del gasto estatal en subvenciones» ya que, desde la entrada en vigor de la bonificación en 2018, «se ha producido un notable incremento del gasto público, del 125%». Además, también han aumentado en un 12% los precios de los billetes a las islas, por lo que «los no residentes pagan más por desplazarse» a los archipiélagos, que son de «alta especialización turística».
Por otra parte, el informe señalaba que la ayuda tenía una distribución «muy desequilibrada» al haber una mitad de la población que no vuela y favorecer solo a la mitad que sí lo hace. Esto causó en 2018 que el 1% de la población canaria que más voló acumulara un 19% del total de la subvención. En general, esto supone que sean las rentas más altas, que compran billetes más caros, las que están «recibiendo una mayor parte de la subvención».
Por último, el organismo solicitaba cambiar el sistema actual por un precio fijo correspondiente a cada ruta para lograr «un reparto más igualitario» que favorezca a todos «desde el punto de vista socioeconómico», ya que tener un porcentaje de ayuda también es más ventajoso para las aerolíneas, que solo deben incrementar los precios para lograr «un mayor beneficio y, en consecuencia, un incremento del gasto público».
