Las primeras investigaciones, a cargo del Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), señalan que el tren Iryo descarriló a causa de una fractura en el material de la vía. Ya en las primeras horas posteriores al accidente, algunos expertos apuntaban a esta hipótesis, que posteriormente se confirmó como consecuencia del desgaste de un tramo antiguo, especialmente en la zona de la soldadura, en contraste con el sector reformado recientemente.
El ministro responsable, el socialista Puente, se vio obligado a admitir públicamente que fue el servicio de emergencias 112 de Andalucía el que se puso en contacto con Renfe para recabar información sobre el accidente, ya que el centro de control de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, tardó más de una hora en localizar al segundo tren implicado: el Alvia, que colisionó frontalmente con el AVE italiano. Desde ese momento, las peticiones de dimisión han sido constantes. Las víctimas han comenzado a organizarse para exigir responsabilidades judiciales a quienes gestionan la conservación y renovación de las infraestructuras, acusando a cargos de designación política que, en algunos casos, presuntamente carecían del nivel técnico necesario para garantizar la seguridad.
Más allá de la entrada en prisión provisional de dos de los principales imputados del ‘caso PSOE’, el exministro de Transportes Ábalos y su exasesor García Izaguirre, acusados de varios delitos relacionados con la adjudicación de obras públicas, incluidas ferroviarias, a cambio de comisiones ilegales, se destaca la presencia de altos cargos con escasa experiencia técnica. Por ejemplo, Álvaro Fernández Heredia, director de Renfe, fue concejal por Más Madrid y su perfil profesional está vinculado a la movilidad sostenible; mientras que Rodrigo Vázquez, jefe de área de operaciones comercial y de mantenimiento en Madrid, accedió al cargo por ser hijo de la directora general corporativa de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad, Concepción Casillas. Casillas, a su vez, como miembro de la cúpula de Adif, fue responsable del nombramiento de Pardo de Vera como presidenta de la entidad.
Pardo de Vera, que fue máxima responsable de Adif entre 2018 y 2021 y secretaria de Estado de Transportes de 2021 a 2023, está siendo investigada por delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Las pesquisas se centran en contratos adjudicados por Adif a Soluciones de Gestión (empresa vinculada a la trama Koldo), el supuesto ‘enchufe’ de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y el amaño de contratos de obra pública. La UCO registró su domicilio en junio de 2025, encontrando indicios de manipulación en los procesos de contratación.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Pardo de Vera actuó como «puerta de entrada» para el amaño de contratos en Adif, favoreciendo adjudicaciones a empresas afines a la trama a cambio de presuntas contraprestaciones. De manera específica, la UCO señala beneficios para constructoras como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y LIP, con comisiones estimadas en más de 600.000 euros.
Pardo de Vera fue cesada como presidenta de Adif el 29 de junio de 2021, pocos días antes de la destitución de Ábalos como ministro. Posteriormente, desempeñó el cargo de secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta julio de 2023, ya con las investigaciones abiertas.
La investigación judicial sobre Pardo de Vera comenzó por una presunta propuesta de amaño de 50 millones de euros en 2019, en una licitación de obra en Lugo. Supuestamente, Pardo de Vera habría sugerido a Koldo que incluyera a Levantina, propiedad de José Ruz, en una licitación destinada a Galicia. Los informes de la UCO destacan el papel «determinante» de Pardo de Vera en estos amaños.
Respecto a las obras del AVE en Extremadura en 2019, Koldo García pretendía que el contrato fuera para Acciona, aunque finalmente fue adjudicado a OPR. En mensajes interceptados, Koldo reprochó a Pardo de Vera que las empresas identificadas por la trama no obtuvieran la adjudicación, revelando indicios de manipulación en el proceso. La UCO sostiene que Pardo de Vera recibía instrucciones directas de Koldo para influir en las adjudicaciones.
La trama de favores personales también salpica a Pardo de Vera, que presuntamente facilitó empleos a familiares y allegados del entorno político. En febrero de 2019, Koldo presionó para la contratación de su hermano, Joseba García Izaguirre, en Ineco, quien finalmente obtuvo un puesto con un salario superior a los 40.000 euros anuales. Además, Patricia Uriz Iriarte, exesposa de Koldo, fue ubicada en varias empresas públicas entre 2019 y 2022, con ayuda de Pardo de Vera. El caso más notorio es el de Jéssica Rodríguez García, expareja de Ábalos, que accedió a puestos en Ineco y Tragsatec con la mediación de Pardo de Vera, siguiendo órdenes de Koldo y Ábalos.
Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas de Adif hasta agosto de 2024, fue imputado por tráfico de influencias, malversación y cohecho, tras favorecer contratos a Soluciones de Gestión sin justificar el sobreprecio. En abril de 2025, la UCO detectó un gran número de contrataciones irregulares bajo su responsabilidad, y en septiembre de 2024, reconoció ante el juez que Pardo de Vera le facilitó el contacto de la empresa implicada en la trama.
Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Estado de Transportes, también fue investigado por los mismos delitos. Su papel ministerial le permitió influir en la adjudicación de contratos durante la pandemia y en la gestión de fondos europeos, favoreciendo a empresas vinculadas a la trama.
Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, fue imputado en 2025 por su vinculación a contratos manipulados a favor de OPR, tanto en obras de Adif como en proyectos de carreteras que intersectaban con líneas ferroviarias. Su cooperación con Pardo de Vera fue clave en la adjudicación de contratos financiados por fondos europeos Next Generation.
Ángel Contreras, presidente de Adif entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, aparece en el sumario del ‘caso Koldo’ por reuniones con Koldo y Ábalos y por favorecer a OPR en contratos de emergencia, según mensajes interceptados. Tras su cese, fue recolocado como asesor técnico en la Comunidad Valenciana.
Ignacio Zaldívar, director general de Adif Alta Velocidad entre 2021 y 2025, aunque no ha sido imputado formalmente, figura en los informes de la UCO y en comparecencias parlamentarias por facilitar adjudicaciones irregulares y favorecer a empresas vinculadas al entorno político investigado.
Por último, Juan Pablo Villanueva, ex número dos del AVE, fue cesado en julio de 2025 tras ser acusado de manipular puntuaciones para beneficiar a OPR en varios contratos financiados por fondos europeos. Mensajes interceptados por la UCO le sitúan como colaborador necesario en la trama, aunque sin imputación formal por falta de pruebas concluyentes. Posteriormente, fue reubicado en Galicia como asesor técnico, en medio de críticas por su vinculación con la red investigada.
