La situación contrasta con la del Reino Unido, que ha intensificado las deportaciones desde 2024 y ha expulsado cerca de 80.000 extranjeros en los dos últimos años, un 52% más que en el periodo anterior.
En España, durante 2025 se emitieron 53.695 órdenes de expulsión, pero solo se materializaron 5.705, lo que supone una tasa de ejecución del 10,6%, según datos de la Unión Europea. Sumadas a las de 2024, las deportaciones realizadas ascendieron a 8.736 personas en dos años.
La diferencia entre órdenes y expulsiones efectivas se explica, en gran medida, por la complejidad de los procedimientos. Cada expediente está sujeto a control judicial y puede ser recurrido, lo que alarga los plazos. Además, existen dificultades para identificar a algunos inmigrantes y para obtener la colaboración de determinados países de origen.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) permiten retener a los afectados un máximo de 60 días; si los trámites no se completan a tiempo, deben quedar en libertad.
Entre 2019 y 2025 llegaron a España más de 305.000 inmigrantes irregulares, mientras que las expulsiones realizadas alcanzaron las 20.682, lo que refleja las dificultades para ejecutar las resoluciones acordadas.
La orden de expulsión implica además la prohibición de regresar a España y al espacio Schengen, así como la anulación de permisos de residencia vigentes o en trámite.
