El ministro de Economía, Cuerpo, ha asegurado que el Ejecutivo enviará a la Comisión Europea un documento «creíble, realista y ambicioso» que permitirá mantener la disciplina fiscal sin renunciar a las inversiones y reformas necesarias. Lo anunciado en respuesta a una interpelación del PP sobre el citado plan.
España, evitó recientemente entrar de nuevo en el procedimiento de déficit excesivo del que salió hace cinco años. Lo logró, pese a que el pasado ejercicio superó el límite de déficit del 3% exigido por Bruselas. Sin embargo, las autoridades comunitarias tuvieron en cuenta sus propias previsiones económicas, que sitúan al país con un desequilibrio del 3% al cierre de este ejercicio, así como las del Gobierno y la senda de ajuste que el país ha venido acometiendo desde la pandemia cuando, al igual que el resto de socios, tiró de gasto y de deuda pública para poder minimizar su impacto en familias y empresas.
Dado que España tiene que reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB y encaminar la deuda pública hacia niveles inferiores al 60% del PIB está obligada a remitir ese documento para cumplir con el nuevo marco europeo. El ministro se ha comprometido a comparecer en la Cámara Baja para explicar el contenido de dicho plan fiscal estructural.
Precisamente, el Pleno del Congreso de la semana que viene debatirá y votará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para los próximos tres años, sin que el Gobierno tenga asegurados los apoyos suficientes para superar su tramitación parlamentaria -tras el veto de Junts en una primera votación, en la que PP, Vox y UPN también se pronunciaron en contra-.
El propio Cuerpo ha dejado claro que, en caso de producirse, una nueva prórroga de las cuentas públicas (este año permanecen vigentes las de 2023) no tendría efectos sobre la economía, dado el margen de actuación para modificar las partidas de ingresos y gastos con que cuenta el Ejecutivo. Es el proyecto clave de la política económica, pero ofrecen una visión más a corto plazo que la que se exige del plan estructural, que podrá diseñarse a cuatro o siete años y obligará a llevar a cabo un ajuste más intenso o más moderado.
