Así lo ha señalado la jefa de la delegación, Hohlmeier (PPE, Alemania), durante una rueda de prensa ofrecida en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid al término de los trabajos de análisis realizados esta semana sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español.
Hohlmeier ha criticado la dificultad para encontrar los datos relativos a los fondos europeos para la población y ha lamentado que no se les haya comunicado en detalle la ejecución real contable sobre los recursos desplegados, es decir, su impacto en la economía real. Recomiendan a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y más estructurada.
También han detectado que, aunque los sistemas de control de fondos –CoFFEE y Minerva– están operativos y funcionan, han sufrido «una serie de retrasos», al tiempo que han recomendado una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control.
La misión de fondos europeos considera necesario «quitar las trabas burocráticas» de los fondos con el fin de dar más apoyo a los autónomos y a las pymes que desempeñan «un papel fundamental en la economía española». «Hacemos un llamamiento para reforzar la cooperación público-privada como una manera de acelerar la aplicación de los fondos», ha recalcado Hohlmeier.
Los eurodiputados han hecho también un llamamiento para que Estado y comunidades autónomas profundicen su diálogo y se refuerce el papel de cogobernanza en todas las partes. «Algunas comunidades autónomas se han quejado de que sus propuestas no se han tenido en cuenta», ha trasladado Hohlmeier, tras reunirse con algunos consejeros.
Tras la polémica sobre la reforma del delito de la malversación, la delegación ha preguntado al Ejecutivo sobre los últimos cambios que se han realizado en España en el Código Penal y le ha pedido una garantía de que su legislación sea conforme con el principio de «cero tolerancia» respecto a la corrupción. «El Gobierno nos dice que se compromete que así sea. Y veremos qué nos transmite la Comisión Europea, porque no somos el órgano competente de eso», ha señalado Hohlmeier.
Eso sí, hasta ahora la misión de fondos ha confirmado que no se ha hallado ningún indicio de infracciones o fraude, aunque han reconocido que «una licitación» ha recibido expresiones e informaciones críticas por parte de diferentes sectores. «No hemos descubierto casos de fraude o infracción», ha enfatizado.
La misión a España ha estado formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos y de los cuales seis están adscritos a la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe al respecto. Sus conclusiones, no obstante, no serán vinculantes de cara a futuros desembolsos, ya que la aprobación de cada uno de ellos corresponde a la Comisión Europea.
Junto a la presidenta de la comisión europarlamentaria, Monika Hohlmeier, ha analizado estos días el Plan de Recuperación en Madrid un grupo de eurodiputados, en su mayoría españoles: Isabel Benjumea (PP), Isabel García Muñoz y Eider Gardiazabal (PSOE), Eva María Poptcheva y Susana Solís (Cs), Ernest Urtasun (En Comú Podem) y Jorge Buxadé (Vox).
En su visita, los eurodiputados se han reunido con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como con consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. También se han entrevistado con representantes de la patronal y los sindicatos, de la industria digital, consultoría y con periodistas de investigación.
La visita coincide con el reciente visto bueno por parte de la Comisión Europea para el desembolso a España del tercer tramo del plan de Recuperación y Resiliencia, dotado con 6.000 millones de euros, al dar por cumplidos los hitos y reformas requeridos, por lo que el Estado deberá encarar ahora las medidas a las que está sujeto el cuarto pago, entre las que se incluye la reforma del sistema de pensiones.
Sobre esta reforma, Hohlmeier ha contado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá, durante la reunión de ayer se mostró confiado en que en meses venideros se resolverá este problema. «Este hito aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse a cumplirlo porque si no, se arriesga a las consecuencias», ha alertado Hohlmeier, quien, no obstante, no tiene la «sensación de que el Gobierno español se quiera quedar de brazos cruzados». «No hay perspectiva de cortarle ahora el grifo a España», ha zanjado.
En declaraciones a los medios de comunicación, las eurodiputadas socialistas García y Gardiazabal han señalado que la visita de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha demostrado que «sí se sabe dónde y cómo se está gastando el dinero», y que «a pesar de peleas electoralistas, las Administraciones y el sector privado trabajan conjuntamente para lograr un éxito para España.
«Por esto, agradecemos la implicación del sector privado y el trabajo de cientos de funcionarios que se están dejando la piel para sacar adelante este proyecto», han subrayado.
De su lado, Urtasun (En Comú Podem) también se ha congratulado de las conclusiones «técnicas» alcanzadas durante la visita, que incluyen recomendaciones de mejora, y ha criticado el contexto «politizado» en el que se ha querido enmarcar este análisis por parte de comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.
