Fedea calcula que el «déficit básico» que afronta el sistema, sin contar las transferencias que recibe cada año del Estado, aumentó casi un 6% en el último ejercicio, hasta los 69.783 millones de euros.
La actualización de series de la Seguridad Social publicadas este jueves confirma que los ingresos del sistema aumentaron un 7,2% el año pasado con respecto al previo hasta los 215.988 millones y que los gastos lo hicieron al 6,4% hasta los 224.735 millones. Este mayor incremento de los ingresos respecto a los gastos ha permitido que el déficit contable de la Seguridad Social se reduzca de 9.518 millones en 2024 a 8.441 millones en 2025 (los datos del año pasado todavía son preliminares).
Sin embargo, esta mejoría aparente se debe a que el Estado ha aumentado sus transferencias de recursos hacia la Seguridad Social (que se financian con cargo a impuestos y deuda pública). De los 56.414 millones que traspasó en 2024 ha elevado su aportación a 61.342 millones de euros. Son 4.928 millones extra que permiten tapar un nuevo aumento en el déficit entre lo que la Seguridad Social es capaz de ingresar por sí misma (casi en su totalidad, cotizaciones sociales) y las obligaciones a las que debe hacer frente.
Si se compara lo que han aumentado la recaudación por cotizaciones sociales (10.923 millones entre Seguridad Social y Clases Pasivas) se puede ver cómo esta cuantía no es suficiente para compensar el aumento en los gastos, que se han incrementado en 15.601 millones, fundamentalmente por las pensiones contributivas. Así, la imagen que queda sin las transferencias del Estado es la de un déficit básico de 69.783 millones de euros, que supera en 3.850 millones el saldo registrado en 2024.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Seguridad Social carga con una serie de gastos «impropios» que, por su naturaleza, no corresponde financiarlos con cotizaciones sociales. Hablamos, por ejemplo, de las pensiones no contributivas o de otras prestaciones como el ingreso mínimo vital o los complementos para que las pensiones contributivas lleguen al mínimo. Estos compromisos sí que deben ir con cargo a las cuentas del Estado, por lo que una parte del déficit básico de la Seguridad Social se explica por este motivo. Sin embargo, una vez descontado ese fenómeno, el desequilibrio sigue siendo elevado. Para cuantificarlo, Fedea utiliza el término «déficit contributivo» y lo sitúa en 63.716 millones, 3.327 más que en 2024. Para el centro de estudios, ese déficit contributivo se puede interpretar como «el plus de generosidad» que el sistema ofrece «por encima de lo que sería sostenible con una lógica de puro seguro social de reparto». Es decir, si se gastara en prestaciones, exactamente lo mismo que se ingresa por cotizaciones.
Esta situación deficitaria de la Seguridad Social se ha ido cronificando a lo largo de los años. El informe de Fedea señala que hasta 2011 los ingresos del sistema eran capaces sin la ayuda del Estado eran suficientes para cubrir los gastos contributivos. Sin embargo, de 2012 en adelante los desequilibrios se han ido incrementando, de tal forma que «ha sido necesario inyectar al sistema un volumen creciente de recursos procedentes de impuestos generales para complementar la financiación de las prestaciones contributivas».
Para Fedea el déficit de la Seguridad Social debería calcularse excluyendo esas transferencias y el conjunto del déficit debería tratarse como un préstamo del Estado a la Seguridad Social. Mientras esa condición no se cumpla, añaden, lo que se hace «es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo».
La consecuencia de todo ello es que las transferencias que hace el Estado para tapar ese agujero se han incrementado desde 7.930 millones en 2012 a 61.342 millones el año pasado. Unos recursos que se financian con cargo a impuestos y deuda pública que dejan de dedicarse a otras políticas públicas. Una parte de esas transferencias se hacen mediante préstamos que el Estado concede a la Seguridad Social a interés cero que pasan a engrosar la deuda del organismo.
