A esto hay que sumar una utilización más intensa y prolongada de las prestaciones por desempleo de este grupo de edad hasta llegar a superar algo más de la mitad del total. El subsidio para mayores de 52 años tiene un especial protagonismo con un fuerte crecimiento en el número de perceptores en los años tras su última reforma en 2019, que mejoró la prestación y suavizó sus condiciones de acceso.
Fedea publica hoy un trabajo de Pinto, Garcimartín y García en el que se analiza el impacto de esta reforma que, en estimación de los autores, incrementó el número de perceptores del subsidio en más de 300.000 personas.
Este aumento en el número de perceptores supone un coste adicional para el sector público. Por un lado, el gasto directo en la prestación aumenta de forma gradual hasta 2030 (cuando alcanza los 1.818 millones de euros de 2025). Por otro, se genera un aumento de las obligaciones futuras de gasto en pensiones (con un valor presente descontado de 9.456 millones de euros de 2025) por el mayor número de perceptores en el periodo estudiado y el aumento de la base de cotización desde el 100 al 125% del SMI, y una minoración de los ingresos del sistema por cuotas sociales (de 8.479 millones de euros de 2025) con respecto a una situación contrafactual en la que los afectados habrían estado ocupazdos con un sueldo igual SMI. La suma de estos dos efectos, calculados ambos utilizando supuestos prudentes, implica un coste adicional para la Seguridad Social derivado de la reforma de 2019 por el mayor número de perceptores en el periodo 2019-2030 de 17.935 millones de euros de 2025 en valor presente.
Coste fiscal para la Seguridad Social: gasto en prestaciones y pensiones
Las nuevas condiciones de acceso y percepción del subsidio lo han convertido en una figura híbrida, a medio camino entre una renta de sustitución (muy modesta si no hay rentas adicionales en la unidad familiar) y una prestación de carácter previsional, al incidir significativamente sobre la pensión futura del beneficiario. Si bien estos cambios mejoran la cobertura de los perceptores, la reforma puede introducir problemas de equidad al no tener en cuenta la renta de la unidad familiar, a la vez que reduce los incentivos a la reincorporación al mercado laboral (especialmente en empleos de baja remuneración o a tiempo parcial) con un coste adicional no menor para la sociedad española.
