A punto de cumplirse veinte años de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD), un nuevo documento elaborado por investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) analiza los principales retos del sistema español de cuidados de larga duración y concluye que, pese a los avances recientes, España sigue gastando poco en dependencia en comparación con los países de su entorno y mantiene importantes desigualdades territoriales en el acceso a las prestaciones.
El estudio, firmado por Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra, BSE y Fedea) y Viola (Fedea), examina la situación del sistema desde una perspectiva comparada internacional, analiza su arquitectura institucional, el empleo generado por el sector y los patrones de gasto y financiación.
España, por debajo de Europa en gasto en cuidados de larga duración
Según los datos analizados, España destina actualmente entre el 0,9% y el 1% del PIB a cuidados de larga duración, frente a una media del 1,8% en la OCDE y porcentajes que alcanzan entre el 3% y el 4% del PIB en los países del norte de Europa. También en términos de gasto sanitario, la dependencia representa en España poco más del 10% del total, muy por debajo del promedio europeo.
Este menor esfuerzo financiero resulta especialmente llamativo en un país con una de las mayores esperanzas de vida del mundo y una población envejecida en rápido crecimiento. El documento subraya que el sistema se sostiene en buena medida gracias al cuidado informal, prestado fundamentalmente por mujeres dentro del ámbito familiar, un coste “invisible” que no aparece en los presupuestos públicos pero que tiene importantes consecuencias sociales y económicas.
Avances recientes, pero persistencia del “limbo de la dependencia”
El análisis reconoce avances significativos desde 2021, especialmente tras el aumento de la financiación estatal y el denominado Plan de Choque, que han permitido reducir de forma sustancial el número de personas en el llamado “limbo de la dependencia”: aquellas que tienen reconocido el derecho a una prestación, pero no la reciben de forma efectiva. Aun así, a mediados de 2025 más de 280.000 personas seguían esperando una valoración, la aprobación de su plan individual de atención o la puesta en marcha efectiva de la prestación concedida. El problema no es homogéneo: mientras algunas comunidades autónomas presentan tiempos de tramitación reducidos, otras acumulan retrasos muy elevados, lo que plantea serios problemas de equidad territorial.
Diecisiete sistemas distintos y un peso elevado de las prestaciones económicas
La descentralización del SAAD ha permitido adaptar los servicios a las características del territorio, pero también ha dado lugar a una elevada dispersión en la cartera de prestaciones y en la intensidad de la atención. En la práctica, coexisten diecisiete modelos distintos de atención a la dependencia. Aunque la ley nació con el objetivo de priorizar los servicios profesionales, cerca del 40% de las prestaciones actuales son de carácter económico, especialmente para cuidados familiares. Estas prestaciones, si bien más baratas para la Administración, refuerzan la dependencia del cuidado informal y limitan el desarrollo de un sector profesionalizado de cuidados.
Un sector clave para el empleo, con condiciones laborales frágiles
El sector de la dependencia se ha convertido en un importante motor de empleo, con más de 700.000 personas ocupadas y un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, el documento advierte de problemas estructurales: bajos salarios, elevada parcialidad y temporalidad, una feminización extrema del empleo y una creciente dependencia de la mano de obra inmigrante. Mejorar las condiciones laborales y la formación del personal se presenta como un elemento central para garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema.
Retos de futuro: financiación estable, equidad y calidad
El estudio concluye que el principal desafío del sistema de cuidados de larga duración en España es avanzar hacia un modelo más equitativo, sostenible y menos dependiente del cuidado informal. Para ello, resulta imprescindible contar con una financiación estable y predecible, mecanismos homogéneos de acceso en todo el territorio y una evaluación sistemática de la calidad de los servicios.
De cara al futuro, el gasto público en dependencia podría situarse entre el 1,8% y el 3% del PIB en 2050 si España converge con los estándares europeos. El documento subraya la necesidad de una estrategia nacional basada en la evidencia que permita garantizar el derecho a la atención a la dependencia, con independencia del lugar de residencia, aunque ajustada a las condiciones del territorio.
