No nos referimos aquí a los evidentes y graves errores de gestión pública en las horas más críticas, sino a los costes de no estar suficientemente preparados para gestionar los riesgos de inundaciones. Es imposible eliminar el riesgo de las inundaciones de origen fluvial, pero es cierto que una adecuada gestión permite reducir la gravedad de los daños asociados. En ese sentido, es altamente probable que un evento de la intensidad de la reciente dana de Valencia hubiese sido difícilmente manejable en casi cualquier contexto, pero también es altamente probable que una preparación más adecuada hubiese reducido de modo muy significativo los impactos. Corresponde a los especialistas dilucidar cuáles deben ser las actuaciones, pero todos debemos ser conscientes de que en muchos contextos son necesarias medidas de intervención estructural y que un enfoque basado en solo buscar soluciones basadas en la naturaleza (NBS por sus siglas en inglés) no es suficiente.
Como el propio informe EUCRA señala: “El potencial y el rendimiento de las NBS dependen en gran medida del lugar (por ejemplo, en función de las limitaciones físicas y de la gravedad de los escenarios de cambio climático)”. Dicho de otro modo, soluciones naturales que bien pueden funcionar en algunos casos, no serán soluciones suficientes en otros. En ese sentido, parece lógico pensar que en algunos casos serán necesarias obras de regulación y su falta de ejecución simplemente aumentará las cuantías de pérdidas humanas y económicas en un entorno de riesgos climáticos crecientes. Debemos enfatizar, en cualquier caso, que la apuesta por reforzar la construcción de infraestructuras no debe entenderse como una licencia para reducir los estándares de protección que, de hecho, deberían ser más estrictos. Este asunto del efecto de una infraestructura sobre un incremento de la exposición al riesgo es un fenómeno bien conocido (efecto dique)
Las demarcaciones hidrográficas llevan a cabo una exhaustiva evaluación de riesgos, lo que les permite identificar de modo muy preciso las zonas sometidas a mayor daño potencial y las posibles soluciones. Sin embargo, hay muchas dudas de hasta qué punto los proyectos de inversión que ofrecen soluciones estructurales y presentan una evaluación positiva en el análisis coste-beneficio terminan siendo realmente ejecutados. Aunque es difícil generalizar, existe al menos la sospecha de que muchas de esas intervenciones resultan paralizadas, bien por problemas administrativos (que son muy intensos en todo lo relacionado con el agua), bien por una categorización baja en términos de prioridad, con una fundamentación cuestionable, o bien por falta de financiación. En relación con esto último, y sin excluir que se puedan utilizar otras vías de financiación cuando sea posible acceder a ellas (por ejemplo, el FEDER o al fondo de solidaridad), los instrumentos de inversión en forma de transferencias y de préstamos que proporciona el PRTR, ampliado con la Adenda, son realmente muy potentes y deberían utilizarse para financiar intervenciones que reduzcan los riesgos de inundaciones, así como otras actuaciones de mitigación de los efectos del cambio climático en materia hidráulica.
La utilización de fondos europeos permitiría poner en marcha de forma rápida un programa ambicioso de adecuación de las infraestructuras hidráulicas ante el cambio climático. Sin embargo, a medio y largo plazo ese programa requiere fuentes propias estables de financiación. En este trabajo se sugiere la utilización de la vía del canon hidráulico y de un recargo sobre el IBI en zonas inundables, en línea con la aplicación del principio de recuperación de costes establecido en la normativa nacional y europea.
