En ellas, destaca Valencia. Será la región más endeudada este año -con una ratio del 42,3% de su PIB- y también la que más verá crecer su pasivo en una década. Si la autonomía gobernada por Mazón no aplica medidas de consolidación fiscal extraordinarias, su deuda sumará 13 puntos en diez años, hasta alcanzar el 53,3% en 2034. Le sigue Murcia, que podría añadir 10 puntos a su deuda en diez años, hasta el 42,4%. Ni siquiera Madrid, una de las autonomías más beneficiadas por el empuje de su PIB, logrará domar su pasivo, que crecerá medio punto, superando por dos décimas el 13% fijado como límite por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En pleno tiempo de descuento para que la Comisión Europea reactive las reglas fiscales, la entidad de análisis alerta de la necesidad de aplicar un profundo plan de ajuste por territorio. Fedea considera necesario una reducción media del déficit estructural del 0,25% del PIB cada año, para tratar de mejorar los pronósticos. Sin embargo, los puntos de partida de cada CCAA son muy diferentes. Las cifras de la Comunidad Valencia -explica el estudio firmado por Carmen Marín y diego Martínez- harán prácticamente imposible que la región se acerque a los objetivos marcados por la normativa. Para ello, debería mantener un superávit del 0,8% durante 20 años para alcanzar el nivel de deuda del 13% del PIB. El esfuerzo previsto, contrasta con la deriva que ha sufrido el pasivo valenciano durante los últimos quince años. Según recuerda Funcas, casi la mitad del crecimiento de la deuda autonómica entre 2007 y 2022 – del 44,1 %- corresponde únicamente a dos regiones, Cataluña y Comunidad Valenciana. La situación de ambas comunidades es compleja. Ambas, cuentan con un rating que les dificulta el acceso a los mercados en buenas condiciones, de ‘BBB-‘. Consecuencia de ello, es la deuda que mantienen con el Fondo de Liquidez Autonómica. Entre las dos suman un pasivo con el FLA de 118.000 millones de euros, a la espera de que el ministerio de Hacienda despliegue el sistema de quitas anunciado a finales de 2023, y que sigue sin plasmarse en un norma.
De momento, de poco sirven los esfuerzos de sus gobiernos por arañar cada euro de los ingresos tributarios. Valencia logró incrementar la recaudación un 4,9% en 2022, gracias las diferentes medidas fiscales aprobadas. Cataluña, hizo lo propio. Elevó sus ingresos tributarios un 4,7%, según se describen los profesores, Fuenmayor y Granell.
Mucho más asumible es la meta del 13% para otras autonomías. Madrid tendría que hacer un esfuerzo mínimo para cumplir con la meta. El gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso lleva años trazando una política de consolidación fiscal que le ha permitido aplicar mayores rebajas de impuestos, a costa de una reducción del gasto por habitante en bienestar social. Según los datos de Fedea, el nivel de gasto por habitante acometido por el ejecutivo madrileño se sitúa seis puntos por debajo de la media nacional. Este ajuste de gasto ha compensado el fuerte recorte de ingresos tributarios -de 6.255 millones de euros en 2022- derivado de las constante reducciones de impuestos aplicadas por la presidenta popular. También Galicia, Cantabria, Baleares o La Rioja, cuentan con previsiones de ratio de deuda en diez años cercanos al tope marcado por la ley, por lo que implementando planes de ajuste moderados, podrían cumplir con el límite.
Lo cierto, es que la singularidad autonómica española juega en contra del cumplimiento de las reglas fiscales europeas. Los gastos e ingresos de los gobiernos autonómicos representaron el 17,7% y el 16,6% del PIB en 2022, respectivamente. Otros países, también descentralizados como Alemania, Austria y Suiza, otorgan menor margen a sus regiones, lo que les permite reducir sus desequilibrios fiscales. Es por ello -destaca Fedea- por los que España ha presentado el mayor incremento de ratio de deuda entre los 27, los que ha situado su cifra por encima de la media de la UE.
