Del mismo modo, estudia en qué medida el envejecimiento de la población aumenta la relevancia política de las generaciones mayores, contribuyendo por esta vía a una distribución intergeneracional «desigual e injusta» de los recursos públicos. Según Fedea, se necesitan «normas constitucionales» que protejan a las generaciones jóvenes y futuras y, por ello, propone esta regla fiscal intergeneracional que regule «automáticamente» la asignación del gasto público, cuya formulación más simple igualaría cada euro de gasto adicional a las personas mayores y al colectivo de jóvenes.
La regla fiscal intergeneracional, según Fedea, permitiría en primer lugar ayudar a reorientar el gasto fiscal a favor de los jóvenes a lo largo del tiempo y hacer de «contrapeso» a las dinámicas demográficas, que al aumentar el número de personas mayores tienden automáticamente a aumentar el gasto total de programas como pensiones, salud o dependencia.
En segundo lugar, esta regla aumentaría el coste de oportunidad de transferir recursos a los mayores para ganar unas elecciones, ya que por cada euro que los políticos quisieran gastar en los mayores tendrían que gastar el equivalente en los jóvenes, con lo que cada euro comprometido en la elección de los mayores les costaría el doble.
Y en tercer lugar, cambiaría el gasto público hacia programas que favorecen a los jóvenes, como la educación de cero a tres años, primaria, secundaria e incluso universidades, aumentar el presupuesto de I+D+i, la vivienda o las ayudas a la emancipación, lo que contribuiría más al crecimiento y la creación de empleo.
En concreto, Fedea entiende como gasto que favorece a los jóvenes todo aquel que mejora la productividad o el crecimiento de largo plazo, como la inversión en educación, en I+D+i, en vivienda, en ayudas a la emancipación o a la familia o en la lucha contra el cambio climático. El ‘think tank’ indica en su artículo que la mayoría de los países de la OCDE están envejeciendo rápidamente, debido a una gran reducción en las tasas de fertilidad y a un gran aumento en la esperanza de vida, particularmente en la vejez, y se espera que estos fenómenos continúen y «pongan en peligro» la sostenibilidad financiera de muchos programas de Estado de Bienestar
En el artículo se muestra cómo la demografía política está generando que gran parte de los recursos públicos se estén destinando a la población de mayor edad. En concreto, el porcentaje del gasto en protección social que va destinado a los mayores ha aumentado mucho en España, que ha pasado del 75% al 82% del total entre 2008 y 2019. En Alemania y en Francia el aumento del gasto ha sido menor, pasando del 73% al 75% y del 72% al 73%, respectivamente. En Italia, este porcentaje ha caído, pero es que estaba ya muy alto, en el 90,5%.
«Y los responsables políticos son políticos electos. En este contexto, parece natural estar de acuerdo con el enfoque de la economía política, que postula que los partidos y los políticos responden a los incentivos electorales. Entonces, la demografía política está en contra de los jóvenes», destaca el estudio.
En el caso concreto de España, Fedea apunta que en las próximas elecciones generales habrá casi 6,6 millones de votantes jóvenes potenciales (de 18 a 30 años) y cerca de 10 millones de votantes potenciales mayores de 65 años, y apunta a que cuando en la pirámide demográfica la relación entre ancianos y jóvenes aumenta «dramáticamente», la política diseña sus propuestas electorales para las «generaciones dominantes», esto es, para los ancianos.
Pero, además, Fedea asegura que los ancianos son más atractivos también porque son «más fáciles de persuadir y movilizar». «Llegar a las personas mayores durante la campaña electoral es simple. Basta con utilizar los medios tradicionales: periódicos, televisión y radio. Captar su atención es igual de fácil».
