En el ‘think tank’ apuestan, además, por una reforma en diferentes fases y por poner en marcha de inmediato y hasta que el nuevo modelo de reparto entre en vigor, un fondo transitorio de nivelación para complementar los recursos de aquellas autonomías que están infrafinanciadas por el sistema vigente. El fondo, que tendría un coste de 3.000 millones de euros que asumiría íntegramente el Estado, se repartiría entre Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que son las regiones que salen peor paradas con la financiación actual.
Ante un sistema como el actual que, según Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de Fedea, adolece de exceso de complejidad y falta de transparencia, que fomenta el déficit de equidad (con un reparto «desigual y caprichoso» de los recursos) y que conlleva, por su diseño, en un déficit de responsabilidad fiscal, el servicio de estudios propone apostar por un modelo basado en la simplicidad y la transparencia.
Para lograrlo habría que hacer el doble esfuerzo de diseñar un sistema de régimen común que sea entendible por todos los ciudadanos -de forma que estos puedan valorar realmente su funcionamiento- y de acabar con la opacidad del sistema foral. Para promover una mayor equidad, la reforma debería reducir las desigualdades existentes y respetar el orden original de las comunidades autónomas de acuerdo con sus recursos por habitante ajustado. Habría que eliminar, además, la maraña de fondos verticales que componen la financiación actual (el de suficiencia, competitividad, cooperación…) e integrar a País Vasco y Navarra en un mecanismo general de nivelación. Otro requisito del nuevo modelo es que promueva una mayor responsabilidad fiscal, de forma que aquellos territorios que necesiten más recursos puedan obtenerlos, pero asumiendo los costes políticos que ello conlleva. Todo lo anterior se aplicaría en distintas fases, dado que la reforma integral del sistema será una «tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones». En un primer momento se fijaría el fondo complementario de nivelación y deberían abordarse cuestiones técnicas, como la revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta. El objetivo sería que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a cómo evolucionan los ingresos.
A partir de ahí habría que abrir negociaciones con el resto de partidos, empezando por el PP, y pasar más adelante a las conversaciones con las autonomías. La meta sería buscar un consenso lo más amplio posible. «Para que la reforma sea factible y pacífica, sería necesario al menos un acuerdo entre los dos principales partidos nacionales. Sería deseable ampliar el consenso a otras fuerzas políticas y a las comunidades autónomas, pero no a cualquier precio», apunta el informe.
