En las misivas, en defensa de los minoritarios internacionales del grupo de infraestructuras, también se da por hecho que los derechos de los pequeños accionistas quedan preservados en los estatutos del grupo resultante.
La operación será sometida a votación en la junta de accionistas convocada para este jueves en Madrid. Ferrovial ha establecido un mecanismo de separación por el que los partícipes tienen garantizado un precio de 26 euros por título si votan en contra de la fusión y deciden vender sus títulos a la compañía. Además, la empresa fijó como condición suspensiva, que puede ser modificada por el consejo, que el pago a los partícipes que se bajen del proyecto supere los 500 millones de euros.
Las asociaciones de minoritarios se suman a los asesores de grandes fondos (proxy advisor) Glass Lewiss e ISS en el apoyo a un movimiento que provocó una fuerte oposición por parte del Gobierno desde que fuera anunciado el pasado 28 de febrero. La empresa que preside Rafael del Pino dice buscar cotizar en el Euronext de Ámsterdam y, desde allí, hacerlo también en la Bolsa estadounidense. Ferrovial mantendría su cotización en la Bolsa de Madrid y seguiría pagando impuestos en este país por su actividad constructora (unos 280 millones anuales).
Cada una de las ventajas desglosadas por la empresa han sido adoptadas por las asociaciones de minoritarios en su argumentario, en el que también hablan de Países Bajos “como una plataforma óptima para operar en EE UU”.
Al mismo tiempo, tanto la Federación europea como la mundial, destacan “la garantía de las libertades fundamentales de la Unión Europea, como son la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento reguladas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de forma que cualquier limitación de los mismos va directamente en contra de los intereses de los accionistas de Ferrovial”. Desde Aemec, Better Finance y WFI se subraya que “los poderes públicos deben velar siempre por el cumplimiento de la Ley y de los derechos fundamentales europeos, que incluyen el respeto de los derechos de los accionistas y, en consecuencia, de la voluntad social de las empresas”.
