Así se ha posicionado la Fiscalía de Delitos Económicos en el informe que le reclamó el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid para que se pronunciara sobre una denuncia presentada por Hazte Oír contra Díez, por la que ha abierto diligencias indeterminadas.
La asociación denunció a Díez por presuntos delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, señalando que no puede alegarse que sus «negociaciones» fueran «dentro de la propia actividad profesional de la denunciada, pues no es letrada, ni fiscal, y por tanto no tiene legalmente intervención alguna en los procedimientos judiciales existentes».
«Así pues, solo puede entenderse su intervención o bien como ‘comisionista’ con objeto de enriquecerse presuntamente por medio del ejercicio del tráfico de influencias, o ejerciendo un mandato oficial u oficioso por parte del Gobierno o de algún miembros del Gobierno con capacidad de dictar instrucciones a la Fiscalía y la Abogacía del Estado», indicaba.
En su opinión, sería «igualmente un caso de tráfico de influencias con utilización del Gobierno para proteger los intereses de determinadas personas físicas o del propio PSOE».
Se trata del segundo juzgado madrileño que decide abrir causa sobre las actividades de la exmilitante socialista, tras el Juzgado de Instrucción Número 2, que inició diligencias por presunto tráfico de influencias después de una denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC).
Fuentes jurídicas precisan que el juzgado que abrió la primera causa ha añadido a las diligencias el presunto delito de cohecho, como habían pedido los denunciantes, que apuntaban además al de obstrucción a la justicia.
Según los audios, Díez Castro ofreció favores a un investigado en una causa de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, si le proporcionaba información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y responsable de las investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la del ‘caso Koldo’ y la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Además de esas dos denuncias, hay otras que ya han sido repartidas pero están pendientes de resolución: la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid y la de Iustitia Europa en el 44.
Díez fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria), apoyó a Sánchez en campañas de redes sociales y fue directora de Relaciones Institucionales para Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del líder del PSOE.
