El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que regula la creación, acreditación y reconocimiento de universidades en España. Mediante un auto fechado el 25 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Alto Tribunal ha acordado recibir el proceso a prueba y admitir la documentación aportada por la representación legal madrileña, abriendo así la vía judicial a un enfrentamiento que promete ser largo y complejo.
El auto, recoge que el letrado de la Comunidad de Madrid ha formalizado la demanda en nombre y representación de la región, y ha solicitado el recibimiento a prueba mediante la aportación de documentación relativa al expediente administrativo. El Gobierno central, por su parte, se ha opuesto a dicho recibimiento por considerarlo «innecesario», aunque la Sala ha resuelto en sentido contrario.
El origen del conflicto se remonta al otoño de 2025. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, anunció el 8 de octubre de ese año, durante su intervención en el II Foro Líderes con Propósito, su intención de presentar el recurso ante el Supremo. Calificó entonces el decreto como una «pura arbitrariedad» y denunció que atentaba contra «derechos fundamentales» como la libertad de empresa, la libertad educativa y la libertad de expresión.
El nuevo decreto gubernamental establece que, para la creación de cualquier universidad, será preceptivo un informe de evaluación vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por las agencias autonómicas equivalentes.
A este requisito se suma el informe de la Conferencia General de Política Universitaria, ya exigido con anterioridad. Para la Comunidad de Madrid, esta doble exigencia supone un obstáculo de carácter suprarregional —esto es, que va más allá de las fronteras de una sola comunidad— que recorta las competencias autonómicas reconocidas constitucionalmente.
Ayuso subrayó en su momento que la medida perjudicaría especialmente a Madrid, aunque advirtió que «no sería la única región afectada». «Estamos al servicio de España y de su Estado de Derecho, tenemos que alzar la voz», afirmó la presidenta, para quien la normativa también parece diseñada para «favorecer a los nacionalistas», en referencia a comunidades autónomas gobernadas por partidos de carácter nacionalista.
El Gobierno de Sánchez ha defendido la norma como una «herramienta necesaria» para garantizar la calidad de los centros universitarios y evitar lo que denomina «chiringuitos educativos». La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido que el decreto proporciona mayor margen de adaptación a los centros privados y busca asegurar que cumplan con los estándares educativos exigidos a nivel nacional.
El auto del Supremo, firmado en Madrid el 25 de marzo de 2026, lleva las rúbricas de seis magistrados y el propio ponente. La resolución es un auto de admisión de prueba, lo que significa que el proceso entra ahora en su fase probatoria antes de que la Sala dicte sentencia.
La batalla judicial se inscribe en un patrón de conflictividad competencial que se ha intensificado en los últimos años entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, particularmente en materias de educación y sanidad. Madrid ha sido protagonista de varios de estos litigios, y el expediente abierto ante el Supremo añade un nuevo capítulo a esa disputa.
La admisión a trámite no prejuzga el fondo del asunto, pero representa un respaldo procesal a la posición de la Comunidad de Madrid: el alto tribunal considera que hay argumentos suficientes para debatir. El decreto de Sánchez quería, en teoría, poner puertas al campo universitario. El Supremo acaba de decidir que, antes de eso, conviene examinar si esas puertas son legales.
