El ente recibió el dispositivo de manos de la Fiscalía General del Estado y ha ordenado que se analice el material para ver si del mismo se desprende algún indicio de delito. La memoria USB se ha derivado para su consiguiente estudio sin ni tan siquiera abrirla para no alterar la cadena de custodia.
Fuentes fiscales indican que las diligencias abiertas son de carácter reservado (el equivalente al secreto de los procedimientos judiciales) y de momento las mismas quedan a la espera del resultado de la exploración encargada. Cabe recordar que Díez -a quien un juzgado investiga ya por sus presuntas maniobras para anular causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez- llevó el pendrive al PSOE y éste, a su vez, lo derivó al ente que representa García Ortiz. Según la exmilitante socialista, contiene información recabada en los últimos años en el marco de un trabajo de investigación centrado en presuntas irregularidades del Partido Popular, la Guardia Civil, así como jueces y fiscales.
Atendiendo al contenido del pendrive (y al hecho de que el mismo ya ha pasado por las manos de la Policía Judicial, de Anticorrupción y del caso Villarejo), parece complicado que de este nuevo análisis se obtenga alguna nueva conclusión. También extraña que el mismo no se haya facilitado a Anticorrupción toda vez que incluye material de causas que se siguen todas en este órgano. En cualquier caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha actuado conforme a lo habitual en estos casos y ha ordenando su análisis antes de decidir sobre el mismo.
Se da la circunstancia de que todos los movimientos que impulsó el PSOE en el caso Villarejo se produjeron en paralelo a las reuniones de Leire Díez con empresarios y otros imputados para conseguir trapos sucios de la UCO, de Anticorrupción y de la juez Beatriz Biedma, quien ha investigado y procesado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Así, destaca un encuentro telemático que la conocida como fontanera del PSOE tuvo con Alejandro Hamlyn, un empresario implicado en un fraude millonario del IVA con el negocio de los hidrocarburos.
Esta reunión, en la que participó Pérez Dolset y que desveló El Confidencial en mayo, evidenció los intentos por recabar información negativa del teniente coronel de la UCO Antonio Balas para así desacreditar la labor de la unidad de élite de la Guardia Civil que dirige las pesquisas contra la mujer del presidente del Gobierno, su hermano, o el «caso Koldo», entre otros. También se reunió con el comandante de la Guardia Civil imputado en esta última causa, Rubén Villalba, (a quien le ofreció ventajas con la Fiscalía Anticorrupción si le ayudaba en su cruzada) o con quien fuera fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, a quien se acercaron conocedores de los injustos términos en los que se produjo su salida del procedimiento y de Anticorrupción.
