En concreto, la demanda trae cuenta de las diligencias que completó la Fiscalía de la Audiencia Nacional a principios del año pasado sobre el expolio de los acuíferos en áreas de Sevilla, Huelva y Cádiz. En febrero, concluyó la investigación y se dirigió a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para que iniciase un procedimiento de exigencia de responsabilidad medio ambiental.
Se trataba de poner en marcha «la exigencia de responsabilidad medioambiental a los operadores relacionados e identificados» por las actuaciones del SEPRONA de la Guardia Civil con “medidas de evitación de nuevos daños” como el “cese definitivo o temporal, total o parcial, de actividades” en las explotaciones económicas y profesionales, que con posterioridad a 2023 hayan continuado con la extracción ilegal de aguas».
También “medidas de reparación primaria”, para esos operadores, con «instrucciones oportunas» a fin de que las llevasen a cabo, pero la Secretaría de Estado no contestó hasta octubre, cuando la Fiscalía insistió, y su respuesta fue una negativa.
Resolvió «inadmitir» la solicitud de la Fiscalía «al no ser el órgano competente para ello por no tratarse daños exclusivos del Dominio Público Hidráulico sino que involucran a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía”.
El Ministerio Público no está de acuerdo. Subraya que la ausencia de la adopción de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas afectantes al espacio natural de Doñana ya motivó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenase a España por incumplimiento del derecho comunitario en junio de 2021. Además, recuerda que «la exigencia de responsabilidad medioambiental concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; que, en cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos».
Para la Fiscalía, los hechos generadores de exigencia de responsabilidad medioambiental, «consisten en la extracción masiva, sistémica, simultanea, persistente, fuera de control e ilegal de aguas subterráneas, por parte de una multiplicidad de operadores aprovechando idéntica situación, sin concesión administrativa y en caudales superiores a los permitidos, en las masas de agua subterránea».
Sostiene que fruto de esa actividad se ha producido un «daño medioambiental” a las aguas, consistente en la producción de “efectos adversos significativos” en el “estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales y subterráneas” que componen los acuíferos concernidos en las tres provincias afectadas, por lo que, en aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, debe intervenir el ministerio.
