Solamente el sistema tributario de Italia se sitúa por encima del español como el más asfixiante hacia la propiedad, según el último informe de Indicadores de la política fiscal europea de 2024, elaborado cada año por la organización sin ánimo de lucro, con sede en Washington, Tax Foundation.
Los especialistas del think tank estadounidense evalúan, cuantifican y contrastan la base imponible y el conjunto de tributos vigentes en la legislación fiscal española relacionados con la actividad inmobiliaria. Asimismo, llevan a cabo un estudio sobre otros gravámenes que afectan indirectamente a las propiedades, como el Impuesto sobre el Patrimonio.
Según rezan las tablas presentes en este informe, España se sitúa en el puesto 30 de 32 en la clasificación que hacen los expertos sobre este elemento tributario, que obtiene una puntuación en cuanto a criterios de eficiencia y recaudación de 39 sobre 100, es decir, muy deficiente. Si se extraen los países fuera de la UE de este listado, nuestro país sería el penúltimo en cuanto a eficiencia frente a presión, ya que se aplica sobre el patrimonio neto. Solamente Noruega, España y Suiza aplican un gravamen sobre el patrimonio neto, siendo el fisco español el único de la zona euro.
En el caso de Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos, se aplican impuestos sobre la propiedad a determinados activos, pero no al patrimonio global de una persona física o jurídica.
En España, el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es progresivo y el tipo va desde el 0,16% que se aplica en Navarra, hasta el 3,5% sobre los activos patrimoniales que superen los 700.000 euros de la legislación estatal. Pero el tipo varía en función de las leyes tributarias de las Comunidades Autónomas.
Según un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los impuestos sobre el patrimonio neto (como aplica en España) «suelen ser ineficientes y difíciles de administrar». Los expertos del organismo multilateral reiteran que «produce una baja recaudación y una alta evasión».
En la práctica los impuestos al patrimonio neto «han recaudado montos relativamente bajos en los países donde se han implementado», ya que las personas físicas o jurídicas con altos patrimonios «pueden trasladar su riqueza a otras jurisdicciones» o utilizar ingeniería fiscal que les exima del pago de este tributo al fisco.
La economista de Tax Foundation, Enache, asegura que este tipo de tributo es»uno de los más dañinos jamás creados» y asegura que los países «deberían abolirlo» en lugar de reformarlo o aumentarlo. «Muchos responsables de las políticas también han reconocido que los altos impuestos sobre el capital y el patrimonio perjudican el crecimiento económico», explica la experta del think tank.
En el año 2020, España ocupaba el puesto 33 en el ranking de impuestos a la propiedad del Índice de Competitividad Fiscal europeo de Tax Foundation, pero cayó al número 32 debido a las reformas tributarias de la última legislatura.
El hecho de que el Gobierno central introdujese en 2022 el «impuesto solidario sobre el patrimonio», que tributa entre el 1,7%y el 3,5%, para las personas con activos netos que superan los 3 millones de euros, es lo que hizo que cayese tantos puestos en el ranking de competitividad fiscal. El objetivo de esta tasa era que los grandes patrimonios tributasen en el país tras haberse deducido la cuota de este tributo que está cedido a las autonomías. Asimismo, a finales de 2023 el Ministerio de Hacienda hizo esta cuota de «solidaridad» indefinida.
En su primer año de aplicación, el departamento que dirige Montero recaudó 623 millones de euros con este nuevo tipo impositivo, con 12.010 contribuyentes afectados, principalmente de comunidades autónomas que habían bonificado de manera total o parcial su impuesto sobre el Patrimonio. Pero en 2024, la recaudación se desplomó un 95% hasta lo 38 millones de euros, debido a que las comunidades que habían bonificado al 100% el IP, como es el caso de Madrid, Galicia o Andalucía.
Estas regiones volvieron a reactivar su tributo para que los ingresos, en vez de quedarse en las arcas del Estado, se ingresasen en las cuentas de sus Haciendas. Es decir, el dinero no se deja de recaudar, sino que lo gestionan administraciones diferentes. En total, según los datos del Ministerio de Hacienda, con el IP de las CCAA se recaudaron 1.900 millones en el ejercicio de 2023.
Pero, tal y como dicen desde la OCDE, la recaudación con este tipo de tributación es pírrica, lo que lo hace profundamente ineficiente frente a otros impuestos como pueden ser el Impuesto de la Renta o el IVA. En concreto, con el primero, el fisco español recaudó hasta noviembre de 2024 un total de 273.993 millones de euros.
Asimismo, el IP puede correr el riesgo de generar dobles imposiciones. Por ejemplo, solo en vivienda, lista de impuestos españoles que la gravan de lleno es la más larga de todos los países de la OCDE. Los inmuebles están gravados por el Impuesto sobre la Renta imputado al propietario para segundas viviendas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre la Renta a los no Residentes por el alquiler, Impuesto anual sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, que comúnmente se conoce como la plusvalía municipal.
Son, precisamente, las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias fiscales, las que ayudan a alivir las cargas tributarias sobre la vivienda y el patrimonio. En concreto, en Donaciones y Sucesiones la mayoría de regiones establecen desgravaciones fiscales. También en vivienda existen descargas en las haciendas regionales.
