En un contexto que empeora, el organismo global se mete de lleno en uno de los debates más candentes entre los Estados miembros: la necesidad o no de recuperar un impuesto a las ganancias extraordinarias que están percibiendo las empresas energéticas ante el alza de los precios. «Lo vemos potencialmente como una medida estructural, no como algo que se introduce cada pocos años en respuesta a un choque para financiar un gasto específico», expresaron ayer Helge Berger y Oya Celasun, subdirectores del departamento europeo del FMI.
Los expertos del FMI sugieren que los impuestos a los llamados «beneficios caídos del cielo» deberían formar parte de la estructura fiscal de los países para convertirlos en un elemento predecible que las empresas conozcan de antemano. Esta herramienta fiscal se activaría automáticamente cuando se producen estos beneficios extraordinarios, con un peso definido y sea en el sector que sea, en lugar de lanzarlos de imprevisto con la intención de financiar gastos específicos.
«La aplicación repetida o impredecible de estos impuestos puede generar un impacto distorsionador en las decisiones de inversión de las compañías», aseguran Berger y Celasun. La Comisión Europea sigue estudiando la conveniencia de este impuesto a las empresas energéticas, aunque Valdis Dombrovskis, comisario de Economía, indicó el lunes que se trata de una cuestión de soberanía fiscal nacional y que los países pueden decidir libremente. Bruselas no se plantea en estos momentos emitir una recomendación para su adopción coordinada y general en la UE, tal y como había planteado España para financiar parcialmente las medidas para acolchar el impacto del shock energético en las familias.
Pese a que el FMI avala que los países puedan recurrir a este tipo de impuestos sobre los beneficios caídos del cielo, sus expertos aseguran que «existen formas más fiscalmente prudentes de abordar estas preocupaciones, principalmente a través de focalizar las ayudas hacia los grupos más vulnerables», algo que reduciría de forma notable el coste de esta red de seguridad.
Precisamente, en este campo es donde el FMI ha criticado con mayor dureza la postura de los países de la Unión Europea. Los expertos del organismo internacional han destacado que «la gran mayoría de las ayudas son generalizadas en lugar de dirigirse exclusivamente a los hogares más vulnerables». Según los cálculos realizados, solo el 30% de las medidas desplegadas para acolchar el impacto de la crisis está focalizada en los colectivos vulnerables que realmente las necesitan. Se trata de una cifra muy similar a la alcanzada en la crisis energética derivada de la guerra de Rusia en Ucrania hace dos años, lo que implica que los Estados están repitiendo los mismos errores.
Esta situación se extiende al conjunto de la Unión Europea, pues más del 90% de los países de la Unión Europea ha tomado al menos una medida que distorsiona los precios, como la reducción de impuestos especiales, lo que termina desincentivando el ahorro energético en un momento en el que los costes son muy elevados.
En esa misma línea, el FMI señala que los países están gastando aproximadamente un 0,2% del PIB europeo en medidas que podrían costar tan sólo un 0,03% si estuvieran dirigidas exclusivamente a los colectivos más vulnerables. Con un espacio fiscal reducido, el organismo internacional entiende que la UE debe mejorar esta situación para ser capaz de mantener las ayudas durante un periodo de tiempo mayor si fuera necesario porque la situación del conflicto se demorara más de lo previsto.
