A lo largo de este periodo, se han transferido a la economía real -a hogares y empresas-más de 51.355 millones de euros. Los beneficiarios han superado los 1,1 millones, de los que cuatro de cada diez son pymes y microempresas. Hasta la fecha, se han lanzado convocatorias por 78.115 millones, de las que se han resuelto un 65,7%. Entre las cifras más llamativas del plan se encuentran la financiación de 25.000 viviendas de alquiler social, la creación de 383.000 plazas de Formación Profesional o de 270.000 vehículos eléctricos.
A nivel local, los fondos europeos habrían permitido a 200 municipios adquirir autobuses cero emisiones y peatonalizar calles o desplegar carriles bici. Un total de 7.700 cuentan con banda ancha de muy alta velocidad y la cobertura de fibra alcanza ya al 95% de la población española. En el ámbito regional, el Ejecutivo ha transferido 28.974 millones de los fondos europeos a las comunidades autónomas para que gestionen actuaciones en el marco de sus competencias. Así, se han adquirido 851 equipos de alta tecnología hospitalaria y se han modernizado 550.000 hectáreas con regadíos sostenibles en quince autonomías.
En el ámbito energético se han concedido 1.400 millones para que hogares y empresas instalasen 6GW de potencia de autoconsumo renovable. Otro de los objetivos, el de digitalización, se ha saldado con el acceso de más de 730.000 pymes y autónomos al Kit Digital y de 15.000 al bono Kit consulting. Alrededor de 800.000 ciudadanos se han formado en competencias digitales, habiendo recibido un total de 190.000 mujeres formación a través del programa de alfabetización digital.
De acuerdo con las cifras que manejan en La Moncloa, los proyectos estratégicos recogidos en los PERTE acumulan más de 21.000 millones de inversión en «sectores clave». Se han aprobado los proyectos para tres gigafactorias de baterías eléctricas, así como para el desarrollo del Hidrógeno renovable, con más de 3.701 MW de potencia de electrolización en todo el territorio. Hasta ahora se han canalizado más de 4.000 millones en préstamos y se están analizando operaciones por otros 6.500 millones.
El despliegue de los Next Generation (NGEU) ha sido un foco de atracción de inversión extranjera directa (IED) al país, junto con los menores costes energéticos y laborales. Así, la inversión extranjera productiva se ha incrementado incluso en ejercicios en los que ha caído a nivel europeo (en 2024 lo hizo por segundo ejercicio consecutivo a nivel comunitario, mientras subía un 15% en España). De acuerdo con los datos del Boletín de Inversiones Exteriores, esta se ha disparado un 64,5% entre 2019, que es el año previo a la pandemia y a la llegada de los fondos europeos, y 2024, pasando de 22.377 a 36.813 millones de euros.
Su llegada, unida a las reformas puestas en marcha los últimos años, ayuda a explicar la resiliencia de la economía española -y del mercado de trabajo- en un contexto de fuerte incertidumbre y en el que los principales socios comerciales de España (Francia, Alemania…) se han visto golpeados por el impacto de la crisis energética e inflacionaria en su industria y por el entorno de tipos de interés elevados con el que el Banco Central Europeo se vio obligado a hacer frente al fuerte incremento del coste de la vida. Sólo el año pasado, cuando en conjunto la actividad avanzó al 3,2%, España aportó a la Eurozona la mitad del crecimiento.
Ademas, estos fondos permitirán que España vuelva a ser este año la economía que más crezca entre los principales países desarrollados (así lo estiman el FMI o la OCDE), que duplique el crecimiento de la zona euro y que aporte el 40% del crecimiento y la generación de empleo en la región. En concreto, estiman que el Plan aportará 2,6 puntos porcentuales al nivel del PIB y que esta contribución se aproximará a los 3,4 puntos al final de la década.
Pero en unos meses esta posibilidad habrá tocado su fin
